RENOVAR EL PASADO

Memoria histórica

En los primeros meses del 2011, mantenemos la memoria con las fechas de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Chiapas en los años anteriores, así como las resistencias que siguen animándonos.

Compartimos, además, el artículo “Renovar el pasado” escrito por Gustavo Esteva en la agenda 2011, “La memoria se rebela”, con la que mantenemos, junto a los Pueblos, la esperanza.


RENOVAR EL PASADO

No es cosa de dinero o bienes”, me dijo Oren Lyons, uno de los más respetados abuelos mohawk de la Confederación Iroquesa. “Sabemos que no podrán restituirnos lo que nos quitaron, material o espiritualmente. Pero si el gobierno de Estados Unidos nos pide oficialmente perdón, podemos pensar en otorgarlo e iniciar así la regeneración.”

 “Perdonar es relativamente sencillo”, me dijo una autoridad en Chiapas cuyo nombre no puedo compartir. “Lo difícil es reconciliarse con los asesinos.” Ante mi asombro, explicó: “Si nos vamos con esto a la tumba, el dolor y la rabia durarán por generaciones. Le toca a esta generación arreglar el asunto. Debe quedar enterrado junto con nuestros huesos.”

Esa es la cuestión. No puede perdonarse, no es posible “arreglar el asunto” y empezar la regeneración de una comunidad o una sociedad polarizadas, llenas aún de dolor y de rabia, si se opta por cerrar los ojos y permitir que prevalezca la impunidad. El “borrón y cuenta nueva” que se apresura a organizar cada nuevo gobernante, a fin de evitar “cacerías de brujas”, sólo es sal en la herida del cuerpo social. A menudo no se trata únicamente de la impunidad. Es también que los inocentes padecen cárcel y toda suerte de vejaciones y humillaciones, mientras los culpables son promovidos y recompensados y reciben todo género de apoyos.

En buena parte de las comunidades de Oaxaca persiste la idea de que las faltas –la violación de las normas comunitarias- merecen consuelo y compensación a la víctima, más que castigo. La peor de ellas, matar a otro, tiene una consecuencia clara: asumir la responsabilidad económica de la familia del muerto. Quien mató recibió compasión y consuelo, “para regresar su alma al cuerpo”, se dice. Su doble carga económica lo convierte habitualmente en buen ciudadano, reconocido por la comunidad y rehabilitado por el uso responsable de su libertad. Esta sabia y justa tradición, que resuelve conflictos sin tribunales, cárceles o abogados, tiene un aspecto que exige notable capacidad humana de regeneración: el hecho de que viudas e hijos acepten su sostén económico de quien mató a sus esposos y padres… Logran esta hazaña porque los hechos quedaron a la vista de todos y quien faltó adoptó claramente el camino de la reparación.

Las cosas son mucho más graves cuando quien está involucrado tiene responsabilidades de gobierno. Hasta la muy injusta y miope Suprema Corte ha reconocido que la fuerza pública está actuando “de manera excesiva, desproporcionada, ineficiente, improfesional e indolente”, y que “de nada sirve que se reconozcan, en leyes, en tratados, en discursos, que nuestro país admite y respeta los derechos humanos, si cuando son violados…las violaciones quedan impunes y a las víctimas no se les hace justicia”.

Foucault exploró a fondo esta cuestión. “La arbitrariedad del tirano es un ejemplo para los criminales posibles e incluso, en su ilegalidad fundamental, una licencia para el crimen. En efecto, ¿quién no podrá autorizarse a infringir las leyes, cuando el soberano, que debe promoverlas, esgrimirlas y aplicarlas, se atribuye la posibilidad de tergiversarlas, suspenderlas o, como mínimo, no aplicarlas a sí mismo? Por consiguiente, cuanto más despótico sea el poder, más numerosos serán los criminales. El poder fuerte de un tirano no hace desaparecer a los malhechores; al contrario, los multiplica.”

Se trata de algo peor aún. Hay un momento, piensa Foucault (Los anormales, FCE, 2006, pp.94-5), en que los papeles se invierten. “Un criminal es quien rompe el pacto, quien lo rompe de vez en cuando, cuando lo necesita o lo desea, cuando su interés lo impone, cuando en un momento de violencia o ceguera hace prevalecer la razón de su interés, a pesar del cálculo más elemental de la razón. Déspota transitorio, déspota por deslumbramiento, déspota por enceguecimiento, por fantasía, por furor, poco importa. A diferencia del criminal, el déspota exalta el predominio de su interés y su voluntad; y lo hace de manera permanente… El déspota puede imponer su voluntad a todo el cuerpo social por medio de un estado de violencia permanente. Es, por lo tanto, quien ejerce permanentemente…y exalta en forma criminal su interés. Es el fuera de la ley permanente.”

Foucault labra así, cuidadosamente, el perfil del monstruo jurídico, “el primer monstruo identificado y calificado”, que “no es el asesino, no es el violador, no es quien rompe las leyes de la naturaleza; es quien quiebra el pacto social fundamental”. De este gran modelo que identifica Foucault a fines del siglo XVIII “se derivarán históricamente, por medio de toda una serie de desplazamientos y transformaciones sucesivas, los innumerables pequeños monstruos” que pueblan el mundo desde entonces.

Vivimos bajo el agobio de estos monstruos. Creímos habernos librado de ellos al deshacernos de los colonizadores. Pero se multiplicaron en el México formalmente independiente y de nada sirvió prescindir de la mafia política que gobernó el país de 1928 a 2000: sus sucesores aprendieron de ella y profundizan sus vicios. Como señala Foucault, la arbitrariedad de nuestros tiranos se ha convertido en licencia para el crimen.

Oaxaca, que a veces opera como antena sensible de lo que pasa en el país entero y paga el precio de experimentar nuevos caminos de transformación, se ha estado encaminando al despeñadero. La sociedad se encuentra cada vez más polarizada y los enconos crecientemente violentos empiezan a tomar la forma de guerra civil, continuamente estimulada desde el poder.

No podemos soñar en que empiece el lento, dificultoso, agobiante, empeño de regeneración para reparar el dañado tejido social mientras no seamos capaces de abrir a la mirada pública todo lo ocurrido y asumamos con entereza sus consecuencias.

Aparte de los despojos de 500 años, que aún merecen esclarecimiento, tenemos heridas recientes que traemos en la piel. Está el horror, por citar un ejemplo destacado, de lo que hizo en Loxicha la estrategia contrainsurgente adoptada supuestamente contra el EPR. Tenemos la corrupta arbitrariedad del gobernador Murat, con quien creímos tocar fondo: es imprescindible dar a conocer con precisión sus saqueos y sus crímenes…

La gestión de Ulises Ruiz es sin duda la que requiere un esfuerzo mayor. Lo que ocurrió con él no tiene precedente. Deshacernos de su mafia política en las urnas, porque no logramos hacerlo en las calles, muestra las limitaciones del procedimiento: no está en nuestras manos, en las manos de los agraviados, acotar el camino de la reparación y transitarlo con serenidad y buen juicio – para que todos tengamos a la vista una versión fiel de lo ocurrido y podamos empezar a desenredar los hilos de la madeja.

Un paso en esa dirección, que ilustra lo que hace falta hacer, se dio en junio 20 de 2010, cuando se organizó públicamente un juicio político popular que constituyó un ejercicio excepcional de imaginación política y voluntad cívica. Quienes constituyeron el tribunal, procedentes de muy diversos sectores de la sociedad oaxaqueña, particularmente de las comunidades indígenas, señalaron con claridad que no pretendían representar a los pueblos oaxaqueños ni usurpar funciones de nadie, pero aspiraban a hacerse expresión de amplias convicciones de muchísimas personas, que constataron con preocupación creciente la destrucción sistemática del estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones de gobierno. Señalaron que el poder ejecutivo era ya ocasión de enriquecimiento ilícito y uso arbitrario del poder y que el congreso local era una dependencia menor del ejecutivo, a cuyo servicio estaba también el poder judicial y su simulacro de tribunales. Advirtieron que los funcionarios elegidos y designados habían desertado de sus funciones y que cundía por todo el estado un vacío de poder legítimo, mientras se multiplicaban los poderes fácticos, el terrorismo de estado y el uso de grupos paramilitares para reprimir a los movimientos sociales. Todas esas condiciones continuaron e incluso se agravaron en los últimos meses de la gestión de Ulises Ruiz, cuyo grupo fue derrotado en las elecciones que tuvieron lugar quince días después del juicio político popular.

La sentencia que dictaron los jueces ese día, tras oír muy diversos testimonios, puede ser vista como una agenda de recuperación de la memoria que hoy necesita el pueblo oaxaqueño.

Ante la abrumadora evidencia de los crímenes y corruptelas de Ulises Ruiz, aquí simbólicamente presentada, lo condenamos:

  • A padecer para siempre la ignominia de haber pasado a la historia como el peor gobernador de la historia de Oaxaca;

  • A prestar servicio comunitario por lo que le quede de vida, para que en la conclusión de su actividad política se acerque al fin a los pueblos que pretendió gobernar;

  • A devolver al pueblo oaxaqueño todos los bienes que él y sus familiares y amigos acumularon mediante el saqueo de las arcas públicas;

  • A pedir públicamente perdón por todos los asesinatos, represiones y encarcelamientos ilegales e injustos que ordenó desde su primer día de gobierno;

  • A reconocer por escrito, ante los pueblos oaxaqueños, las innumerables violaciones de la ley en todos los ejercicios electorales que han tenido lugar durante su gobierno, empezando por el que lo hizo ilegítimamente gobernador mediante un fraude comprobado;

  • A sufrir todas las consecuencias legales e institucionales de los actos delictuosos que hasta la Suprema Corte ha reconocido y todos los pueblos de Oaxaca conocen.”

San Pablo Etla, octubre de 2010

Gustavo Esteva

Escritor independiente y activista social. Universidad de la Tierra en Oaxaca y Centro de Encuentros y Diálogos Interculturales. gustavoesteva@gmail.com


Resistencia

1 de enero de 1994, Levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en Chiapas, México; Primera Declaración de la Selva Lacandona;

1 de enero de 1995, Tercera Declaración de la Selva Lacandona del EZLN;

1 de enero de 1996, Cuarta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN;

1 de enero de 2006, El Delegado Zero sale de la Selva para iniciar un recorrido en todo el Estado de México, como arranque de “La Otra Campaña”;

5 de enero de 2006: Creación de La Voz Del Amate. Grupo de presos que manifiestan estar injustamente detenidos;

Del 4 al 8 de enero de1996: Foro Nacional Indígena convocado por el EZLN, donde se acuerda formar el Congreso Nacional Indígena (CNI);

16 de febrero de 1996 en San Andrés Sakamch’en de los Pobres se firmaron los Acuerdos de San Andrés, resultados del diálogo sobre el tema de Derechos y Cultura Indígena (Mesa 1);

16 de febrero de 1997, Más de 10,000 indígenas zapatistas marchan en SCLC para exigir el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés;

7 de marzo de 1992, Gran Marcha de la organización Xi´Nich, en la que participan los tseltales y choles de la zona Norte, hacia la capital del país, protestando contra la represión, corrupción de las autoridades y reformas al artículo 27 de la Constitución

24 de marzo de 2001, el Subcomandante Insurgente Marcos, acompañado de 23 comandantes, sale de 5 puntos de Chiapas con destino a la Ciudad de México. 20,000 personas reciben a la caravana en San Cristóbal de Las Casas.

Impunidad

18 de enero de 1999, Sabanilla, desaparición forzada de Antonio González Méndez por paramilitares de Paz y Justicia;

20 de enero de 2005 Sabanilla. Asesinato de Mateo Torres Pérez;

22 de enero de 1997: Paraíso, Sabanilla. Desaparición forzada de Roberto Torres Pérez por elementos de la Policía de Seguridad Pública (PSP);

3 de febrero de 1998: Finca Nueva Revolución, Tila. Asesinatos de Mateo Torres Pérez y Francisco Torres Torres por paramilitares de Paz y Justicia;

20 de febrero de 1995, ejido La Grandeza, Altamirano, ejecución de Gilberto Jiménez Hernández por parte del militar Abner García Torres, del 17º Batallón de Infantería del Agrupamiento “Yabur”. En el momento de su ejecución, Gilberto se encontraba huyendo hacia las montañas junto con otras personas de la comunidad, cargando en la espalda a su hija Margarita de 5 años;

21 de febrero de 1998: tramo del camino entre Misopá Chinal y Emiliano Zapata, Tila. Asesinato de José Tila López García por paramilitares de Paz y Justicia;

2 de marzo de 2002, Tapilula: Asesinato de Enrique García Chavarría por elementos de la Policía Municipal de Tapilula;

4 de marzo de 1995, Emiliano Zapata, Tumbalá. Asesinato de Pascual Sánchez Solís por el presidente municipal del PRI, Jesús Celis Guillén;

14 de marzo de 1995: Masacre en Teoquipá El Bascán, Lote 8, Salto de Agua. Asesinato de: Juan Méndez Torres, Pedro Méndez Torres, Pedro Méndez Arcos, Jorge Alfonso Arcos Álvaro por paramilitares de Paz y Justicia;

14 de marzo de 1997: Masacre en San Pedro Nixtalucum, El Bosque. Asesinato de cuatro indígenas Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) y Desplazamiento forzado de 80 familias por elementos de la PSP y el EM;

18 de marzo de 1997: 1997: Masacre en San Pedro Nixtalucum, El Bosque. Asesinato de cuatro indígenas Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) y Desplazamiento forzado de 80 familias por elementos de la PSP y el EM

21 de marzo de 1995: 1995: Emiliano Zapata, Tila. Asesinato, de Domingo Montejo Álvaro por paramilitares de PyJ;

22 de marzo de 1995: Asesinato de Nicolás Pérez Ramírez, priísta y líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC);

24 de marzo de 1995, El Canutillo, Tila. Asesinato de Nicolás Pérez Ramírez;

Emiliano Zapata: Asesinato de Juan López Jiménez, Sebastián Arcos Montejo, Sebastián Peñate Díaz; Desaparición forzada de María López Méndez:

Para mayor información comunicarse:

Pedro Faro

pfaro@frayba.org.mx

Michele Di Spigno

mdispigno@frayba.org.mx

Archivo PDF aquí

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