El largo camino hacia la vida con dignidad

Memoria histórica

 En esta sección, en los meses que van desde abril a junio, recordamos las fechas simbólicas de resistencias y dignidad de los pueblos quienes no se resignan a aceptar un modelo de vida impuesto por un sistema de exclusión y violencia. Además recordamos, los crímenes de lesa humanidad, perpetrados por los gobiernos, para acallar la resistencia y la construcción de una manera otra de vivir.

 Para mantener viva la memoria, el no olvido y el fortalecimiento del trabajo hacia la justicia y la verdad.

 Compartimos este trimestre el artículo El largo camino hacia la vida con dignidad. del colectivo Hijos es Hijas por la memoria y contra la impunidad en Colombia – Capítulo México, presente en la agenda 2011, “La memoria se rebela”, que nos anima día con día y nos interpela a denunciar y difundir la impunidad y la lucha.

 Resistencia

1996: De abril a septiembre, San Andrés Sakamch’en de los Pobres, se instalan los diálogos entre el EZLN y el gobierno federal;

 7 de abril de 2007: San Cristóbal de Las Casas (SCLC), creación de La Voz de Los Llanos, grupo de presos que manifiestan estar injustamente detenidos;

 16 de abril de 2009: la comunidad de Mitzitón denuncia que sin permiso de la comunidad, funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ingresaron a las tierras para comenzar las mediciones para la construcción de la autopista SCLC-Palenque. De llevarse a cabo, dicha obra, afectaría gravemente a su territorio;

 25 de abril de 1997: “Caravana WEJLEL”, formada por choles desplazados. ONG’s de derechos humanos y observadores internacionales rompen el cerco de miedo y amenazas que Paz y Justicia (PyJ) mantiene en la zona Norte iniciando una marcha hacia Tuxtla Gutiérrez, exigiendo principalmente el desmantelamiento de grupos paramilitares, castigo a los responsables de los crímenes, y el retiro del Ejército Mexicano (EM) y de la Policía de Seguridad Pública (PSP) de las comunidades de la zona;

 30 de abril de 1977: Argentina. Se crea la asociación de las Madres de la Plaza de Mayo;

 Junio 2005: Sexta Declaración de la Selva Lacandona donde se da a conocer La Otra Campaña;

10 de junio de 1994: Segunda Declaración de la Selva Lacandona;

2009: Los días 20 y 21 Primer Encuentro Continental Americano Contra La Impunidad, en el Caracol IV “Torbellino de Nuestras Palabras” ejido Morelia, Altamirano, Chiapas;

26 de junio de 1987: Creación de la Confederación de los Pueblos Indígenas de México;

28 de junio de 1996: Primera irrupción del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en Aguas Blancas, Guerrero.

 Impunidad

6 de abril de 1995: Masacre en el ejido Dr. Manuel Velasco Suárez, Salto de Agua. Desaparición forzada de Nicolás Méndez Díaz. Asesinato de Francisco Montejo López, Pascual Álvaro Moreno, Nicolás Álvaro Méndez, Francisco Álvaro Méndez, Martín Álvaro Méndez;

 14 de abril de 1997:Masojá Shucjá, Tila. Desaparición forzada de Domingo Vázquez Avendaño; Estatus actual muerto, encontradas las osamentas en el 2001;

 19 de abril de 1996: Paraíso, Sabanilla. Asesinato de Celina López Álvarez;

19 de abril de 1997: Paraíso, Tzaquil, Pasijá Morelos, Quintana Roo, Cerro Misupá, Jesús Carranza, Chulúm Chico anexo Chulúm Juárez. Sabanilla. Desplazamientoforzado de 143 familias, (760 personas), por paramilitares de PyJ;

19 de abril de 2010: Ocosingo. FeminicidioTatiana Trujillo Rodríguez por su esposo, integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Elmar Darinel Díaz Solórzano.

 21 de abril de 1997: Nueva Revolución, Tila, Asesinato de Roberto Torres Pérez;

 30 de abril de 2010: SCLC, muere Petrona Núñez González, sobreviviente de la Masacre de Viejo Velasco;

 Mayo de 1995: Suklumpá, Salto de Agua. Asesinato de Nicolás López Méndez y Filiberto Velasco Méndez; Cerro Misopá, Tila. Asesinato de Marcelino Vázquez López;

3 de mayo de 2006: Texcoco, Estado de México. Desalojo forzado de un grupo de vendedores de flores por elementos de la policía municipal;

3 de mayo 2006: Atenco, Estado de México, asesinatodeJavier Cortés (14 años) y Alexis Benhumea. Tortura, violencia y violación sexual por elementos de la Policía estatal y Policía Federal Preventiva a las personas que se manifestaban;

7 de mayo de 1996: Unión Juárez, Sabanilla. Desaparición forzada de Amado Gómez Torres, por paramilitares de PyJ;

9 de mayo de 1995: Los Ángeles, Salto de Agua,Desplazamiento forzado de 15 familias, por policías y paramilitares de PyJ;

12 de mayo de 2007: Tzanembolóm, Chenalhó.Desplazamiento forzado de dos familias;

18 de mayo de 1996: El Limar, Tila.Secuestro frustrado al Obispo Raúl Vera López, por paramilitares de PyJ;

22 de mayo de 1995: Chiapas: Expulsión de los sacerdotes extranjeros, Loren Laroye Riebe, Rodolfo Izal Elorz; Jorge Alberto Barón Guttlein por el gobierno federal;

22-23 de mayo de 1997:Las Limas Chitamucum, Pantelhó. Desplazamiento forzado de 85 personas, por miembros del Partido del Frente Cardenista;

24 de mayo de 1996:Usipá, Tila. Asesinato de Sebastián Sánchez López, Sebastián López López y Desaparición forzada de Mateo Jiménez López por paramilitares de PyJ;

1997:Barrio Ch’uchtic, San Pedro Polhó. Desplazamiento forzado.Asesinatode Cristóbal Pérez Medio;

1997:Unión Yaxgemel, Chenalhó, Desplazamiento forzado de 350 personas, asesinato y desaparición del cuerpo de Cristóbal Pérez Medio, por miembros del PRI;

24-31 de mayo de 1996: Usipá, Tila. Desplazamiento forzado de 95 familias, por paramilitares de PyJ;

28 de mayo de 1997: Tzáquil, Tila. Asesinato de Macario García Torres;

1997: Susuclumil, Masojá Shucjá, Tila. Desplazamiento forzado de tres personas por paramilitares de PyJ;

30 de mayo de 1980: Masacre de Wolonchan;

Junio de 1996: Desaparición forzada de Domingo Pérez Martínez;

1 de junio de 1996:Paraíso, Sabanilla,Asesinato de Elías Hernández López, por paramilitares de PyJ;

1996:Majastic, Sabanilla. Desplazamiento forzado de 10 familias por paramilitares de PyJ;

3 de junio de 1996:Desaparición forzada de Florencio Gutiérrez Vázquez;

4 de junio de 1996:Los Moyos, Sabanilla. Desaparición forzada de Guadalupe Hernández Jiménez;

5 de mayo de 1996:Los Moyos, Sabanilla. Desaparición forzada de Carmelino Pérez Jiménez o Carmelo Pérez López;

6 de junio de 2001:Misopá Chinal, Tila.Desaparición forzada de Basilio Gutiérrez López, por paramilitares de PyJ;

7 de junio de 1998: Comunidad El Charco, Ayutla de Los Libres, Guerrero, Asesinato de 11 personas por el EM;

10 de junio de 1971: Ciudad de México. Represión a estudiantes por paramilitares al servicio del Estado mexicano, llamados “Los Halcones”;

10 de junio de 1998:Unión Progreso, Chavajeval, Álvaro Obregón, El Bosque. Enfrentamiento entre miembros del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), EM y PSP. Asesinato de ocho campesinos y dos Policías;

12 de junio de 1996:Susuclumil, Masojá Shucjá, Tila. Desplazamiento forzado de 70 personas por paramilitares de PyJ;

13 de junio de 1996:Nuevo Corozil, Tila. Asesinato de una persona;

14 de junio de 1996:Bebedero, Sabanilla.Desplazamiento forzado de 115 personas por paramilitares de PyJ;

1996:Los Moyos, Sabanilla; Asesinatos de Arturo Hernández Soto, José de Jesús, Félix Martínez Trujillo, Martín Pérez Pérez y desplazamiento forzado de 17 familias por paramilitares de PyJ;

1996:Majastic, Sabanilla. Asesinato de Arturo Gómez Gómez;

1996:Unión Hidalgo, Sabanilla, Asesinato de Jesús Guzmán;

16 de junio de 1996: Rancho Pachuc, entre Patastal Corozil, Tila. Asesinato de Domingo Vázquez Sánchez;

17 de junio de 1996:Agua Fría, Tila. Enfrentamiento, Asesinato al menos de tres perredistas y un integrante del PRI;

18 de junio de 1997: Busiljá Ratayula, Ocosingo.Asesinato de un niño, Desplazamiento forzado de 18 familias por un total de 60 personas por integrantes del PRI;

1996:Sucsulumil, Masojá Shucjá, Tila. Desplazamiento forzado de tres personas por paramilitares de PyJ;

19 de junio 1996:Masacre enEl Limar, Tila. Asesinato de, José Martínez Pérez, Marcelina Martínez, Gabriela Martínez Martínez, Hermelinda Martínez Martínez;

1996: Pachuc y Corozil Anexo Huanal, Tila. Desaparición forzada de Oscar Jiménez Jiménez por paramilitares PyJ;

1996:Jesús Carranza, Sabanilla. Desaparición forzada de Cruzindo Álvarez Jiménez, Fernando López Martínez por paramilitares de PyJ;

20 de junio 1996:Miguel Alemán, Tila. Desaparición forzada de Minerva Guadalupe Pérez Torres por 30 paramilitares de PyJ;

1996:Masojá Shucjá. Asesinato de Sebastián Pérez López;

21 de junio de 1996:Huanal, Tila. Asesinato de Nicolás Gómez Martínez, Antonio López Jiménez, Marcelina Pérez López;

1996:Sabanilla. Asesinato de dos personas no identificadas;

1996:Miguel Alemán, Tila. Desaparición forzada de Hermelinda Pérez Torres, por paramilitares de PyJ;

22 de junio de 1997:Emiliano Zapata, Tila. Asesinato de Benito Juárez Gutiérrez, Mariano Pérez Pérez y Mariano Pérez López;

23 de junio de 1996:Cerro Misopá, Tila. Asesinato de Rafael López Vázquez;

1996:Bebedero, Sabanilla. Desplazamiento forzado de siete familias por elementos de la PSP y paramilitares de PyJ;

1996:Jolnixtié, Tila. Desplazamiento forzado de decenas de familias y violaciones por elementos de la PSP, Secuestro y Violación a tres mujeres;

1997:Emiliano Zapata, Tila. Asesinato de Mariano Pérez López por paramilitares de PyJ.

24 de junio de 1995:Emiliano Zapata, Tumbalá.Desaparición forzada de María López Méndez y Luis López Sánchez por miembros de la PSP y paramilitares de PyJ;

1997: Pasijá de Morelos anexo, Tila. Asesinatos de Antonio Martínez Vázquez y del menor Rafael Pérez Torres y Desplazamiento forzado de sus familiares por paramilitares de PyJ;

1997:Shushupá, Sabanilla. Asesinatos de varias personas, no identificadas, simpatizantes del EZLN;

25 de junio 1996:Desapariciónforzada de Domingo Ortiz Gutiérrez, Guadalupe Sánchez López, Pascual Ortiz Sánchez, originarios de Panchuc Corozil, Tila;

1996:Sucsulumil, Tila. Asesinato de Diego Pérez López, Manuel Ramírez Torres, Mateo Ramírez Torres;

26 de junio de 1996: Revolución, Tila.Asesinato de Pablo López Gómez.

28 de junio de 1995:Aguas Blancas, Coyuca de Benítez, región de la Costa Grande, Guerrero. Asesinato de 17 personas por elementos de la Policía estatal;

El largo camino hacia la vida con dignidad. Apuntes para un debate sobre la construcción de memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición en Colombia.

¿De qué hablamos cuando decimos memoria? ¿qué es lo que queremos recordar y para qué? esas preguntas atraviesan buena parte de las discusiones y acciones de la política colombiana en la actualidad, tanto en el campo de las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos como en el de las instituciones gubernamentales. Las respuestas tienen fuertes implicaciones sobre la vida cotidiana de quienes han sido sujetos de violencia y los proyectos de vida en común de un país que ha permanecido en guerra por más de cuatro décadas, donde el terrorismo de estado ha sido una práctica sistemática y la impunidad su compañera permanente.

La discusión sobre este tema ha cobrado especial relevancia debido al proceso de negociación que se dio entre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y los grupos paramilitares a partir del año 2003, a la posterior promulgación de la Ley de Justicia y Paz en el 2005, a la constitución de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, y a la discusión que hay desde el 2008 alrededor de la creación de una Ley de Víctimas.

 Desde las organizaciones sociales, de familiares y de defensa de los derechos humanos hemos planteado críticas a las distintas fases de este proceso, referidas principalmente a la continuidad del terrorismo de estado y la impunidad; a lo falaz del proceso de desmovilización, a la poca búsqueda de la verdad histórica y justicia penal frente a los victimarios; a la contradicción entre la intención declarada de reconciliación y construcción de paz de algunas instituciones estatales y la acción estigmatizadora y represora de amplios sectores del gobierno uribista; y al privilegio del militarismo en desmedro de las iniciativas de reparación a las víctimas y de solución negociada al conflicto armado.

 En ese contexto, la memoria se vuelve un campo de tensiones, de luchas en las que el pasado se encuentra en disputa. De esa manera, la discusión acerca de las razones que condujeron a esta guerra, se vuelve la primera línea de una batalla que busca, en el pasado, una cierta forma de pensar el presente y los futuros posibles del país. Los argumentos, de alguna manera, podrían agruparse en dos. El primero afirma la existencia de una fuerte injusticia estructural en la repartición de la riqueza socialmente producida, y de un sistema político excluyente. Frente a esos hechos, se entiende que el estado no sólo ha sido ineficiente, sino además abiertamente represor, desmedidamente militarista y funcional a un proyecto de poder que reproduce y profundiza las desigualdades. Como resultado, las acciones del Estado han desarticulado parte del tejido y la organización social, obligando a que muchas comunidades se desplacen, estigmatizando a quienes lucharon pacíficamente por la transformación social, y llevando a que algunos sectores vieran en la toma de las armas la única forma de conquistar sus derechos.

 Por otra parte, un argumento antagónico del anterior afirma que el país se encuentra rezagado en la construcción de un estado moderno que ha de ser orientado por las necesidades del mercado, en el cual la riqueza producida sería capaz de generar el bienestar no sólo de las élites económicas sino que paulatinamente llegaría a beneficiar a los sectores marginados gracias a su inclusión dentro del sistema laboral y productivo. Según esta idea es necesario que la iniciativa privada nacional y multinacional industrialice sectores como el agro, transformando a los pequeños campesinos en asalariados. Algunos de los que defienden esta tesis aseguran que la guerra se debe a una ideologización de los problemas nacionales y a la creciente búsqueda de beneficio económico por parte de unos guerreros articulados con el narcotráfico.

 Del contraste entre estas hipótesis se desprenden una serie de implicaciones para las luchas por la memoria, la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Nosotros como Hijos e Hijas nos identificamos con la primera de ellas ya que estamos seguros de que es la injusticia y la opresión la causa principal de una guerra que parece no tener final, pero cuya transformación creemos que es posible en la medida en que se construyan condiciones para el ejercicio del disenso, la autonomía y la vida digna.

Memoria

Sobre este asunto, hablar desde la primera opción expuesta arriba implica, por una lado, denunciar la sistematicidad y continuidad del terrorismo de estado, la represión contra las organizaciones sociales, así como luchar contra la impunidad; por el otro, obliga a reconocer y posicionar en lo público la legitimidad de las luchas que estas organizaciones han adelantado en ámbitos como la reforma agraria, los derechos laborales, el acceso a la educación pública o los derechos de las comunidades indígenas y afrocolombianas. Es decir, a la vez que implica construir una memoria de la barbarie de lo que no queremos que suceda nunca más, implica también construir una memoria de la dignidad popular, de la esperanza y las formas de construcción de otro mundo posible. Para ello, desde distintas organizaciones y espacios sociales se han realizado audiencias populares en las que se han recogido y sistematizado testimonios y denuncias de las víctimas sobrevivientes, construyendo así versiones alternativas al olvido y espacios para que ellas levanten su voz, ya que en las audiencias de la Ley de Justicia y Paz son únicamente los victimarios quienes se expresan.

Verdad

Frente a este tema, afirmar la primera hipótesis implica conocer a profundidad los mecanismos que se han construido para ejecutar y legitimar el terrorismo de estado, las relaciones que han existido entre represores, sectores políticos, narcotraficantes, grupos económicos nacionales e internacionales, medios de comunicación y las políticas continentales como las que se han elaborado desde la Escuela de las Américas, hoy WHINSEC. También implica la desestigmatización y dignificación de las y los luchadores sociales que han sido violentados y señalados como terroristas. Se trata entonces de una verdad que nos permita comprender la brutalidad de un proyecto de poder y los intereses que lo sustentan, a la vez que rescatar el derecho al disenso. La verdad es condición necesaria para el logro de la memoria y la justicia. Para acompañar esta apuesta, desde el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE)1 se viene impulsando la constitución de una Comisión Ética Internacional que ayude a construir y resguardar la memoria de los pueblos y la verdad sobre lo sucedido en esta guerra.

Justicia

En este ámbito hay dos frentes: el primero se refiere a los victimarios y el segundo a las víctimas, concepto de por sí bastante problemático, en tanto en ocasiones se confunde la condición de víctima con un carácter pasivo, cuando fue precisamente por una vocación de transformación que las personas fueron victimizadas, y es esa vocación la que sigue manifiesta en la actualidad por medio de la resistencia al olvido y la impunidad.

Con respecto a los primeros, hay dos grandes campos: el de la justicia penal y el de la condena social. En el primero, es necesario perseguir a los máximos autores de los crímenes y demostrar la responsabilidad de los agentes estatales en la concepción, planeación y ejecución de los crímenes, a la vez que en la financiación, encubrimiento y emisión de fallos judiciales favorables a los victimarios. También es absolutamente necesario modificar los alcances de la justicia militar, porque persisten elementos regresivos como el juzgamiento de crímenes de guerra por parte de los fiscales militares, quienes han exonerado a torturadores, desaparecedores, masacradores y distintos agentes de la fuerza pública que han tenido estrechas relaciones con los grupos paramilitares.

Por su parte, la condena social consiste en una apuesta por generar versiones que contrasten con las elaboradas desde los medios de comunicación y algunos sectores del estado. La intención aquí es la búsqueda de vínculos con distintos sectores de la sociedad en la lucha por la justicia, la verdad, la reparación integral y la no repetición de los crímenes de estado, y que expresen cotidianamente su condena a los victimarios. Si no están en la cárcel, en la calle tampoco serán libres. Aquí hemos usado estrategias que van desde las expresiones del arte callejero hasta la intervención en espacios formales y alternativos de educación, pasando por la creación de nuestros propios medios de comunicación. Consideramos que la movilización social y popular es fundamental para conseguir transformaciones dentro de los marcos jurídicos y las políticas nacionales.

Respecto a la justicia para las víctimas, son múltiples las exigencias que planteamos desde las organizaciones sociales, de familiares y de defensa de los derechos humanos. En primer lugar, la inmediata materialización de la no repetición. No repetición. No repetición. No repetición de los crímenes de estado. No repetición del paramilitarismo. La primera medida de justicia, la primera medida de memoria, la primera medida de reparación, la primera medida hacia cualquier tipo de reconciliación es el cese inmediato del terrorismo de estado. Por ello son solo palabras las promesas y afirmaciones del actual Gobierno de Juan Manuel Santos y el anterior de Álvaro Uribe Vélez, dado lo falaz de la desmovilización de los paramilitares y la continuidad de la represión. La muerte sigue andando fatigada y constante por las tierras de Colombia. Es urgente prohibir la conformación de cualquier tipo de organización en la que los civiles cumplan con funciones armadas, es decir, elevar a rango constitucional la prohibición de la conformación de grupos paramilitares.

Por otra parte, está la justicia en términos de reparación y restitución de los derechos de las víctimas, lo que atraviesa distintos niveles. Desde el derecho que tiene los familiares a conocer el destino de sus seres queridos y el reconocimiento estatal de su participación en estos crímenes, hasta la restitución de los derechos sobre la tierra de las comunidades que fueron desplazadas y expropiadas. En los dos casos, un paso indispensable es el reconocimiento de la existencia de crímenes de estado, tema que se encuentra en el centro del debate colombiano actual, ya que sus víctimas han sido excluidas de las medidas de reparación que el estado colombiano ha propuesto e implementado. Este reconocimiento es necesario no sólo para el acceso a reparaciones materiales, sino para la dignificación de quienes han sido violentados y cuyas muertes han sido posteriormente justificadas asegurándose que eran parte de organizaciones armadas. Cómo si la condición de víctima la diera o la negara la participación en una organización política… la condición de víctima es siempre dada por el estado de indefensión y asimetría en el que se encontraba la persona al momento de ser violentada y por la suspensión de los derechos que le son consagrados en la constitución nacional y todos los tratados internacionales, de los cuales la vida es el primero.

Finalmente, es importante reflexionar acerca de si la reparación es sinónimo de volver a las condiciones previas a la guerra, o si debe además propender por que quienes han sido víctimas de violaciones graves a los derechos humanos puedan mejorar sus condiciones de vida digna. Para responder a ello tenemos que recordar cuáles fueron las causas que dieron origen a esta guerra, y buscar medidas que ayuden a la construcción de una sociedad más justa y sin opresión. De lo contrario, habrá quienes sigan confundiendo la paz con el silenciamiento de las armas y la reconciliación con la institucionalización de las posiciones de poder conseguidas por vía armada.

Hijos es Hijas por la memoria y contra la impunidad en Colombia – Capítulo México

hijxscolombiamx@gmail.com

1 El Movimiento Nacional de víctimas de crímenes de Estado -MOVICE- es un movimiento social que agrupa a mujeres y hombres, comunidades de diverso origen étnico, cultural y generacional, más de 200 organizaciones sociales, sindicales y políticas que hemos vivido el impacto de la violencia generada por el Estado colombiano, a través de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos.

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