La Guerra Interna de México llega a Chiapas

En México se encuentran desplegados miles de soldados que en la supuesta lucha contra la delincuencia organizada han desatado una guerra interna que ha dejado 50 mil víctimas y un aumento alarmante de violaciones a los derechos humanos “Tan sólo en el año 2010 se levantaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1.415 denuncias en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional por violaciones a los Derechos Humanos”.

Uno de los factores de este despliegue militar lo encontramos en la estrategia de “seguridad hemisférica” dictada desde Estados Unidos, que considera que en nuestra frontera

existe una serie de amenazas transnacionales que han surgido en el pasado reciente, que incluyen el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, trafico de drogas, tráfico ilícito de armas, lavado de dinero, crimen organizado transnacional, controles fronterizos débiles, migración masiva descontrolada, como también amenazas a redes de transportes y de comunicaciones y elementos críticos de infraestructura”.1

Cabe mencionar que desde el 2006, ante la falta de legitimidad política en las elecciones y la llegada en medio de una crisis social, Felipe Calderón se apoyó en las fuerzas militares, y con el pretexto de una guerra contra el narcotráfico y la “delincuencia organizada”, ha implementado una política que busca a nivel nacional infunde temor a la población, como único recurso ante una clase política y una economía nacional en crisis.

 En ese sentido el 11 de mayo del 2011 El Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, anunció que el gobierno federal reforzará la vigilancia en la frontera sur para tener más control sobre el paso de indocumentados, mercaderías, drogas y armas, para lo cual se realizará una inversión de más 2 mil millones de pesos en infraestructura, equipamiento y tecnología. Explicó que este año se pondrán en operación tres nuevas estaciones migratorias en Chetumal, Cancún y Palenque, y que en 2012 se construirán otras tres en Campeche y Tabasco. De igual forma, se ubicarán puestos de control integrales en Huixtla, Comitente-La Trinitaria y Santuario-Palenque, en el caso de Chiapas, en las que, aseguró, habrá operaciones conjuntas de autoridades aduanales, migratorias y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como la de Agricultura, entre otras.2

Un mes antes el Ejército mexicano, bajo órdenes del ejecutivo del gobierno federal y en coordinación con el gobierno del estado de Chiapas, realizó la apertura de nuevas bases militares en el territorio fronterizo con Guatemala, en particular en la región de los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo y Jiquipilas, con 600 elementos cada una. Una de estas bases militares se encuentra en el Valle de Santo Domingo, municipio de Frontera Comalapa, instalada a partir de la irrupción del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y adscrita a la 39 Zona Militar, de Ocosingo.

 El plan de seguridad hemisférica para Mesoamérica (Iniciativa Mérida) no significa sólo la militarización de la frontera, sino continuar, en silencio, como lo ha sido, con las operaciones militares de hostigamiento a las BAEZLN y quienes simpatiza con ellos.

 

 Como muestra de lo anterior, en el mes febrero y marzo, se realizaron operaciones militares en el territorio indígena de Agua Azul. Operaciones que no dejan de mostrar la vigencia del tratamiento al conflicto armado no resuelto. Se realizaron operaciones de tierra y aire por parte de elementos del ejército, así como el establecimiento de nuevos puestos de control, como el que se desarrolló en el crucero de Temó, municipio de Chilón.

 Por otra parte la “organización” auto denominada “La Otra Civil” en el mes de mayo solicitó la intervención del Ejército Federal en contra de BAEZLN en Bolom Ajaw y en reiteradas ocasiones solicitaron al Gobierno su intervención contra la Organización de La Otra Campaña (LOC) de San Sebastián Bachajón.

 La segunda movilización civil para detener la guerra de Calderón convocada para el 8 de mayo por el movimiento encabezado por Javier Sicilia, encontró adhesiones en toda la República mexicana. En Chiapas el EZLN se sumó a esta iniciativa y marchó en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas el día 7 de mayo junto con organizaciones de LOC, Colectivos, Organizaciones civiles, entre otras. Unos días antes de la marcha se registraron fuertes retenes militares en las afueras de Ocosingo con el objetivo de registrar todos los vehículos: pedían identificaciones, preguntaban nombres y apellidos, lugares de procedencia y actividades que realizarían en su destino.

 Con información del Diario Meridiano, del 22 de mayo de 2011, en la zona Sierra y Frontera, los militares aumentaron de manera considerable el número de retenes. En un tramo de 50 kilómetros de La Trinitaria a los límites de Amatenango del Valle, fueron instalados cuatro puntos de revisión.

Sobre la carretera Fronteriza del Sur, que comunica Comitán de Dominguez y Palenque, automovilistas dieron a conocer, que “son muchos los retenes que ha instalado el Ejército, como si estuviéramos en guerra”.

En varios tramos de la carretera pero principalmente en los municipios de La Trinitaria, La Independencia, Las Margaritas, Maravilla Tenejapa, Ocosingo, Marques de Comillas, Benemérito de las América y Palenque, los militares reforzaron sus puntos de revisión e instalaron nuevos puntos.

En el retén del ejido El Jocote, municipio de Frontera Comalapa, las tropas se han extendido en los minutos de revisión por cada unidad que por ahí pasa, lo que ha provocado largas filas de vehículos en el área.

Se tiene información que en la comunidad San Gregorio Chamic, municipio de Frontera Comalapa, en la comunidad La Gloria, municipio de Arriaga y en La Campana, municipio de La Trinitaria, se instalaron retenes militares.

Según información proporcionada a este Centro de Derechos Humanos, el 29 de mayo habitantes del municipio de Chenalhó, en la región de Los Altos de Chiapas, denunciaron que elementos del Ejército mexicano, ingresaron ilegalmente un domicilio particular sin presentar ninguna orden de cateo y sin haber encontrado drogas ni armas que argumentaran su incursión.3

 Otro de los factores de esta guerra son las modificaciones a las leyes que permiten legalizar las violaciones a los derechos humanos. Una de éstas es la posible aprobación de la Ley de Seguridad Nacional que el ejecutivo mandó al Congreso de la Nación el 21 de abril de 2009 a favor de una reforma a la Ley de Seguridad Nacional, y que el Senado realizó modificaciones en abril de 2011 de manera que posibilitaría al presidente de disponer de una intervención del ejército y la marina en contra de grupos políticos, sociales o comprometidos socialmente en la medida en que, a su parecer (del Presidente), representarán una amenaza para la seguridad del país.4

Si a este contexto de Guerra Interna Nacional les sumamos los 17 años de Guerra de Baja Intensidad en Chiapas en contra del EZLN y sus BAEZLN, estamos ante la posibilidad de que en Chiapas se sigan cometiendo graves violaciones a los derechos humanos y se cree un Estado de excepción que incremente la violencia, los conflictos y la guerra.

 

Para mayor información comunicarse con:

Gubidcha Matus gmatus@frayba.org.mx

Jorge Gómez jgomez@frayba.org.mx

 

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