El doble rostro de los derechos humanos

La defensa de los derechos humanos no se puede reducir a iniciativas políticas y campañas publicitarias cuando en la realidad los pueblos, comunidades e individuas/os que ejercen sus derechos son violentados por todos los niveles del Estado mexicano.

 Para muchos/as sería suficiente que el gobierno modifique constituciones, cree fiscalías, consejos de derechos humanos, o haga declaraciones públicas sin tomar en cuenta las miles de denuncias, informes, boletines, acciones urgentes, entre otras acciones, que hablan sobre las constantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en México y especialmente en Chiapas.

 El Gobierno de Chiapas, en los hechos en lugar de garantizar y proteger los derechos humanos, continúa con la creación de conflictos, la omisión, la falta al debido proceso, el control mediático, el uso de la amenaza, el hostigamiento, la tortura. Vemos con preocupación que organizaciones, fundaciones e incluso gobiernos, dan reconocimientos al ejecutivo de Chiapas sobre los avances en materia de derechos humanos lo que permite invisibilizar la situación real que se vive en el estado y abona a un mayor grado de violación e impunidad.

 En este gobierno las violaciones sistemáticas a los derechos humanos han sido la constante: la actuación de grupos de corte paramilitar, en complicidad con servidores públicos, han convertido el despojo de tierras recuperadas, propiedad de comunidades autónomas, en pago como botín de guerra.

 Múltiples son las intervenciones dirigidas al gobierno estatal para que detenga las acciones que violan los derechos a la autodeterminación, vida, integridad personal, alimentación, territorio, educación, salud; paz de individuos, familias y comunidades de Chiapas. La respuesta de todos los niveles de gobierno ha sido el silencio y la omisión, lo cual perpetua así la situación de impunidad e injusticia que permea la realidad de la cual somos testigos.

 Un ejemplo son: el caso de los defensores Margarita Martínez y Adolfo Guzmán que, a pesar de tener medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en donde el Gobierno de Chiapas se hace responsable de la seguridad con custodias policiales, han sido amenazados de muerte y a la fecha no han querido proceder en contra los responsables de las amenazas por ser funcionarios estatales.

 Los casos de tortura documentados, por parte de funcionarios estatales en instalaciones adscritas a la Procuraduría General de Justicia del Estado, como son las oficinas de la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada a pesar de que en Chiapas se quitó la figura del arraigo.

 La situación carcelaria en el estado es alarmante, condiciones de hacinamiento, falta de atención médica, celdas insalubres, comida averiada, hasta violaciones a los derechos de familiares de las personas detenidas con casos de tortura y violación a niñas y mujeres. Las condiciones documentadas han ido empeorando y las denuncias presentadas aumentaron en este último periodo, lo cual ha obligado a los presos en realizar ayunos y huelgas de hambre donde el estado ha mostrado poco y escaso interés en resolver la situación.

 La encarcelación de los ejidatarios de La Otra Campaña de San Sebastián Bachajón y de los de Nuevo Juan del Grijalva (habitantes de la ciudad rural) son un claro ejemplo de cómo el gobierno de Chiapas actúa en contra quienes ejercen sus derechos, pues la represión y el despojo del territorio son el negocio del sistema gubernamental y de los intereses del capitalismo.

 Para ejemplificar la represión a periodistas en estos meses se intentó, a través de una campaña mediática, incriminar nuevamente a Isaín Mandujano y Ángeles Mariscal quienes fueron hostigados y amenazados por parte de los funcionarios estatales, como práctica intimidatoria en violación de su derecho a la libertad de expresión.

 Al final de este 2011 consideramos que es preocupante que se considere al Gobierno de Chiapas como una vanguardia de los derechos humanos, cuando en los hechos se tiene documentado el incremento de violaciones a los mismos con la complicidad de funcionarios estatales; la omisión que hace ante decenas de denuncias; el utilizo de los medios de comunicación para invisibilizar y hacer campañas de criminalización; El uso de la fuerza pública y la tortura como método reiterado para desalentar las inconformidades, los reclamos y la defensa de los derechos.

 Como Centro de Derechos Humanos, seríamos los primeros en reconocer si el Estado cumpliera su obligación de proteger, garantizar y promover los derechos humanos, sin embargo a diario nos llegan cientos de denuncias de pueblos, comunidades, familias, profesionistas, personas que nos muestran con hechos que en Chiapas se violan de forma sistemática los derechos humanos reconocidos a nivel internacional, promovidos y suscritos por el Estado. Este doble discurso es lo que en la actualidad se vive, del que somos testigos y que los hechos documentados confirman.

Más información

Medios@frayba.org.mx

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