Acceso a la justicia, criminalización de la sociedad civil.

El Estado mexicano en su equivocada estrategia de “combate a la delincuencia” ha generado un contexto de guerra interna preocupante, no sólo para las organizaciones internacionales de derechos humanos, que consideran a nuestro país como uno de los más peligrosos para ejercer los derechos humanos y el periodismo, sino para la sociedad en general que vive atemorizada por ser víctima directa de la violencia del Estado, que se ha traducido en 70 mil muertos asesinados, que en el transcurso de este sexenio no han encontrado justicia, no han aparecido o no han recibido respuesta por parte de quienes representan los tres niveles de gobierno.

Los movimientos sociales con viejas demandas; los presos políticos de organizaciones sociales o revolucionarias; la falta de justicia a los pueblos, comunidades y familias; los feminicidios, han sido invisibilizados, por los miles de víctimas de la guerra de Felipe Calderón.

El gobierno federal insiste en darle legitimidad a su estrategia de guerra con la reforma a la ley de seguridad nacional, con lo cual permitiría que las acciones del Estado estarían justificadas por tener un marco legal que apoya a la guerra interna. Con esto el primer mandatario tendría la facultad de establecer un “estado de afectación” en todo el país.

Esto cambia los planos de las personas que venimos defendiendo y ejerciendo los derechos humanos, de las organizaciones de víctimas que, con miedo comienzan a buscar la forma de acceder a la justicia, como es el caso del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJyD), las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, entre otras, que han obligado al Estado a dar respuesta a esta situación a través de la creación de leyes, reformas y mecanismos de protección que son un ejercicio de buenas intenciones para el Estado mexicano y que no se ejercen o no se pueden ejercer en medio de este contexto de guerra.

Por otra parte muchas organizaciones y comunidades que ejercen y exigen sus derechos se han visto rebasadas dentro de este contexto de guerra, en donde el Estado ha aprovechado esta confusión para no garantizar la vida de decenas de defensoras, defensores de derechos humanos y periodistas.

Al cierre de este corte en el Estado han asesinadas más de 13 personas quienes ejercían la actividad de periodistas y por lo menos, se han registrado agresiones al menos a 62 defensoras y defensores de derechos humanos, entre ellos están los asesinatos de Trinidad de la Cruz Crisóstomos, Nepomuceno Moreno Nuñez, Pedro Leyva Domínguez integrantes del MPJyD, el ataque a Norma Esther Andrade de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, el asesinato de Aurelio César Pacheco, “Don Polito”, promotor de agricultura sostenible del Equipo Mujeres en Acción Solidaria (EMAS AC) y defensor de la tierra y el bosque en Michoacán, las constantes amenazas en que viven las y los campesinos de la Organización de Mujeres Ecologista de la Sierra de Petatlan (OMESP) y de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), así como las amenazas de muerte a Vidulfo Rosales Sierra abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, en Guerrero.

En Chiapas las acciones del Gobierno del Estado para afianzar su estrategia de invisibilizar las violaciones a los derechos humanos; la guerra contra las comunidades en resistencia y a la criminalización del ejercicio de los derechos, han colaborado instancias intergubernamentales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que ha servido como intermediario y emisario del gobierno estatal para los temas de “conflictos en localidades internamente divididas”; ”Ley de Migraciones”; “cambio de actitudes y prácticas para la promoción de la calidad de vida en la Sierra Madre de Chiapas”; “desplazamiento interno”, acciones que han avalado actividades de gobiernos que, si bien son de puras intenciones, no están debidamente consultadas o no contribuyen al proceso de paz, invisibilizando las causas reales de las problemáticas del Estado.

Por otro lado Consejo Estatal de Derechos Humanos (CEDH), creado como un organismo gubernamental que se dedica a maquillar las acciones de violaciones a los derechos que el gobierno de Chiapas provoca, simulando un estado lleno de iniciativas, buenas intenciones, que con mucha publicidad ha logrado que Chiapas se considere un “ejemplo” de cumplimiento con los derechos humanos, pero, en realidad, deja a un lado la criminalización contra las organizaciones sociales y campesinas, los feminicidios, así como la censura en los medios y a los y las periodistas, abonando así con la impunidad y el olvido.

Por otro lado, la crisis de la situación carcelaria en Chiapas ha sido denunciada constantemente por los internos todas las cárceles de Chiapas, como por ejemplo son las denuncias de los presos de La Voz del Amate y Solidarios de La Voz del Amate, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala – Movimiento Nacional (CNPA -MN), de la Organización Proletaria Emiliano Zapata – Movimiento de Liberación Nacional (OPEZ – MLN), de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCyP), así como otros presos sin organización quienes han realizado huelgas de hambre y jornadas de ayuno en diferentes cárceles de Chiapas, denunciando las condiciones de mala alimentación, falta de atención médica, malos tratos, extorsiones, tortura, así como violaciones a los derechos humanos a sus familias por parte del personal penitenciario.

El ejemplo más claro, es el traslado del Profesor tsotsil Alberto Patishtán Gómez, defensor de los derechos de las personas privadas de su libertad, quien a solicitud del gobierno de Chiapas fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social No. 8 en Guasave, Sinaloa, en donde se encuentra recluido hasta el momento.

 A pesar que, desde principio del 2011, el Frayba presentó su informe sobre las violaciones a los derechos humanos en el sistema carcelario en Chiapas, el gobierno no ha hecho lo suficiente para atender las demandas y garantizar los derechos de las personas privadas de su libertad, a pesar que ésta es su responsabilidad exclusiva ya que las personas se encuentran bajo su custodia.

 En Chiapas, el gobierno continúa en una política de doble fondo, por un lado a nivel nacional e internacional muestra sus buenas intenciones con el respeto a los derechos humanos, y sus políticas de desarrollo asistencialista; y por otro lado, las violaciones a los derechos de los pueblos originarios a su tierra y territorio; a un control y censura en los medios de comunicación, la persecución y descrédito a organizaciones de derechos humanos y periodistas, el uso de las instituciones judiciales y sus corporaciones policiacas como elementos de control social, la falta de un acceso a la justicia, la crisis en el sistema penitenciario, los alarmantes casos de tortura como método de investigación, al claro aumento de los feminicidios y la impunidad.

Si bien ahora Chiapas no está en el mismo nivel de guerra que el resto del país, eso no quiere decir que se garantizan, respetan, protegen y promueven los derechos humanos. Es importante señalar que las reformas, la legislación e iniciativas son buenas intenciones que no se traducen a un ejercicio y goce de los derechos humanos.

 ¡Libertad a Alberto Patishtán y Francisco Santiz!

 Para mayor información sobre este tema escribir a:

 Gubidcha Matus

gmatus@frayba.org.mx

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