Vivir en la incertidumbre

La situación que han vivido los pobladores de San Gregorio, Ranchería Corozal y Salvador Allende, poblaciones asentadas en la cuenca del río Negro, en el municipio de Ocosingo, Chiapas, ha sido de constante incertidumbre y amenazas de desalojo por encontrarse asentados dentro de la llamada “Zona Lacandona”.

Ahora, no es la excepción, nuevamente recibieron amenazas de desalojo por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Según comunicado de La Asociación Rural de Interés Colectivo, Unión de Uniones Independiente y Democrática (ARIC UU. ID) después de más de 35 años de conflictividad agraria entre los Bienes Comunales Zona Lacandona (BCZL) y tres poblados, (San Gregorio, Ranchería Corozal y Salvador Allende), integrantes de la ARIC UU. ID asentados en terrenos de los BCZL, llegaron a un acuerdo de conciliación que terminó con el conflicto agrario y el reconocimiento por parte de los BCZL de las posesiones de estos tres poblados.

Por lo acordado los comuneros lacandones solicitaron a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), que conforme a lo establecido en la Ley Agraria, en su artículo 93, procediera a expropiar sus terrenos y entregarlos a pobladores tseltales y tsotsiles de los tres pueblos.

Sin embargo, el 28 de febrero de 2012 la Conanp informó que es improcedente la regularización ya que en la reserva de Montes Azules sólo se permite el turismo, la investigación y el uso controlado de recursos naturales, la Conanp ha informado que está gestionando con la Secretaría de la Reforma Agraria y el gobierno del estado la reubicación de dichos poblados.

Los tres poblados rechazan la reubicación e indemnización ofrecidas por el gobierno ya que se encuentran posesionados en sus terrenos desde hace más de 35 años y la tierra es el sustento de su vida y autonomía. En el curso de los años, mediante prácticas agroecológicas, han conservado y cuidado la naturaleza y un desalojo forzoso violentaría sus derechos a la tierra, al territorio.

La situación que han vivido los pobladores de San Gregorio, Ranchería Corozal y Salvador Allende, poblaciones asentadas en la cuenca del río Negro, en el municipio de Ocosingo, Chiapas, ha sido de constante incertidumbre y amenazas de desalojo por encontrarse asentados dentro de la llamada “Zona Lacandona”.

Ahora, no es la excepción, nuevamente recibieron amenazas de desalojo por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Según comunicado de La Asociación Rural de Interés Colectivo, Unión de Uniones Independiente y Democrática (ARIC UU. ID) después de más de 35 años de conflictividad agraria entre los Bienes Comunales Zona Lacandona (BCZL) y tres poblados, (San Gregorio, Ranchería Corozal y Salvador Allende), integrantes de la ARIC UU. ID asentados en terrenos de los BCZL, llegaron a un acuerdo de conciliación que terminó con el conflicto agrario y el reconocimiento por parte de los BCZL de las posesiones de estos tres poblados.

Por lo acordado los comuneros lacandones solicitaron a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), que conforme a lo establecido en la Ley Agraria, en su artículo 93, procediera a expropiar sus terrenos y entregarlos a pobladores tseltales y tsotsiles de los tres pueblos.

Sin embargo, el 28 de febrero de 2012 la Conanp informó que es improcedente la regularización ya que en la reserva de Montes Azules sólo se permite el turismo, la investigación y el uso controlado de recursos naturales, la Conanp ha informado que está gestionando con la Secretaría de la Reforma Agraria y el gobierno del estado la reubicación de dichos poblados.

El Servicio y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), el Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Enlace Comunicación y Capacitación (Enlace CC), el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), Maderas del Pueblo del Sureste (MPS), Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI), Iniciativas para la Identidad y la Inclusión (INICIA), Educación para la Paz (EDUPAZ), el Colectivo Radio Zapatista, Madre Tierra México, Trabajando Juntas por Chiapas, la Organización Indígena Nunca Más un México Sin Nosotros, así como observadores del Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) y personas solidarias de Francia e Italia, realizaron una Misión Civil de Observación y Solidaridad a los poblados Salvador Allende, Ranchería Corozal y San Gregorio, para constatar las situaciones de riesgo de desalojo en que viven los pobladores en esa región

Los integrantes de la Misión pudieron observar que los pobladores cuentan con lineamientos internos sobre uso de suelo, utilizando en sus parcelas prácticas agroecológicas y agroforestales, prohibiendo la roza-tumba-quema y efectuando labores de reforestación, prevención y combate incendios.

Asimismo, las organizaciones expresaron públicamente su respaldo a sus habitantes y su preocupación e indignación ya que bajo pretextos ambientales, que encubren en realidad a los llamados ‘negocios verdes’, se quiera consolidar una nueva acción de despojo contra pueblos indígenas en Chiapas”.

Antecedentes:

Es importante hacer un breve recuento histórico sobre la problemática de Montes Azules que viene de hace mucho tiempo atrás.

El territorio de la Selva Lacandona es una región rica en recursos naturales: agua, petróleo, especies animales y vegetales. Su geografía es montañosa y su clima es cálido húmedo; todo esto hace a la zona susceptible de ser explotada para la bioprospección, tala de maderas y otros productos agrícolas, excavación petrolera, generación de plantas hidroeléctricas, entre otros.

Montes Azules genera una riqueza biológica y recursos hídricos más importantes del país, “es Patrimonio Natural de la Humanidad y está reconocido dentro del Programa del Hombre y la Biosfera por la UNESCO”.

En los años 50’s Luego de la Revolución Mexicana se da, como derecho constitucional a los campesinos, el reparto agrario. Y, a mediados de los 50, en base a este derecho y a la presión campesina para que se les regularice la propiedad de tierras “pertenecientes” a finqueros, el gobierno mexicano abre los terrenos de la selva para el reparto agrario. Esto produciría, hasta finales de los 70, una colonización sin planeación ni apoyo del gobierno, pero fomentada por él.

En 1971, 66 familias Caribes, llamadas por el gobierno Lacandones de los poblados de Metzabok, Nahá y Lacanjá Chansayab solicitan 10,000 hectáreas. Ocho meses después les son otorgadas por decreto 614,321 hectáreas y el nombre del grupo cambiado a Lacandones. Sin tomar en cuenta a 47 poblados (más de cuatro mil familias) tseltales, tsotsiles, choles y tojolabales, todos de origen maya, asentados en ese territorio desde los años 50’s y 60’s, 17 de los cuales inclusive, contaban en ese momento con Resolución Presidencial previa al decreto de la Zona Lacandona. Posteriormente, en vez de resolver la injusta problemática agraria creada por el propio gobierno federal, éste encimó sobre ella el decreto de la Reserva de Biosfera Montes Azules (REBIMA) en mayo de 1978.

Así, desde hace más de 35 años, dichos pueblos tseltales, tsotsiles, choles y tojolabales, han sido periódicamente amenazados con el desalojo violento o la reubicación forzada, acusados primero de “invasores” -del supuesto territorio propiedad de los “Lacandones”- y luego, de “depredadores” de la Reserva de Biosfera, lo cual ha venido constituyéndose en una violación persistente de los derechos de los pueblos indígenas.

Para mayor información sobre estos temas escribir a:

Rosy Rodríguez

rodriguez@frayba.org.mx

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