Los seis años más peligros para los derechos humanos y la libertad de expresión en México.

Primera Entrega de dos, lo Nacional:

Durante este sexenio que finaliza, hemos visto como los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN); el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) desde los puestos en el Gobierno han violentado los derechos humanos de los mexicanos/as, y no sólo eso, sino que han provocado que en México exista una Guerra Interna en donde grupos del poder del Estado y podres fácticos se disputan el territorio, el poder político y los negocios.

En la supuesta democracia en la que vivimos, los/las defensores de derechos humanos y los/las periodistas se han evocado a denunciar las violaciones sistemáticas que el Estado mexicano ha realizado en contra de la población y a las/los defensores de derechos humanos que alzan su voz en contra de políticas publicas que atentan en contra la sociedad en su conjunto. Por eso mismo, los periodistas han sufrido las consecuencias por evidenciar las relaciones del Estado con los poderes fácticos, relaciones de poder que han generado esta Guerra Interna que ha dejado al país en un luto nacional.

Defensoras y defensores de derechos humanos

Por una parte el Informe de violaciones a los derechos humanos en México 2011., realizado por el Comité Cerezo, en donde señalan que “en lo que va del sexenio de Felipe Calderón (hasta mayo de 2012) 970 defensores de derechos humanos y/o luchadores sociales han sido detenidos por motivos políticos, 64 han desaparecido y alrededor de 70 han sido ejecutados extrajudicialmente, (…) De enero de 2011 a mayo de 2012 han ocurrido 158 detenciones por motivos políticos, en quince estados del país: encabezan la lista Chiapas (37), Oaxaca (22) y Estado de México (21).”

El Informe también da a conocer que “de enero 2011 a mayo 2012 hubo 29 ejecuciones extrajudiciales de luchadores sociales, que son justificadas e invisibilizadas como muertes producto de la lucha entre los cárteles de la droga por el territorio. Sin embargo, estos crímenes son perpetrados por fuerzas estatales y motivadas por la defensa de los derechos humanos que realizaban las víctimas.”

Según datos del Programa de Atención de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al 17 de Noviembre de 2010 dicho organismo inició 38 expedientes de queja para investigar probables hechos violatorios a derechos humanos en perjuicio de defensores, de los cuales seis expedientes se abrieron de oficio .1

Esta situación se da gracias a un clima de impunidad que es, lamentablemente, el mejor incentivo para que prevalezcan y se reproduzcan las amenazas, los actos de hostigamiento y otras agresiones en contra de las y los defensores de derechos humanos, con el riesgo de que escalen en número y gravedad.

Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Segundo Informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas, con respecto a México informa que los ataques provendrían de actores no estatales pertenecientes al crimen organizado, así como a sectores opositores a las causas lideradas por las defensoras y defensores, sin que las autoridades impidan los ataques, y por el contrario, de acuerdo a la información recibida, habría ocasiones en que éstas solicitarían al crimen organizado realizar el “trabajo sucio”como método para eludir su responsabilidad.

La CIDH ha observado que, en particular, las defensoras y defensores del derecho al medio ambiente, líderes y lideresas indígenas y las defensoras de derechos de las mujeres han sido objeto de ataques en contra de su vida.”

En el informe de actualización, la La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – México (ACNUDH – México) señaló que “se habrían sumado 37 agresiones en el período de septiembre de 2009 a octubre de 2010 ascendiendo los actos de privación arbitraria de la vida al 13% del total de las agresiones. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos durante enero de 2005 a mayo 2011 documentó 27 casos en los que se denunciaron privaciones de la vida en perjuicio de defensores. Organizaciones de la sociedad civil han denunciado que entre 2006 y 2010 en México se habrían asesinado alrededor de 61 defensores y desaparecido por lo menos a 467.

De acuerdo a la OACNUDH los estados en donde se han cometido mayores agresiones son Chihuahua; Chiapas; Oaxaca y Guerrero. En algunas zonas de estos estados donde más se cometerían agresiones contra defensores y defensoras, como en Ciudad Juárez, existe una alta presencia de fuerzas armadas como parte de la estrategia del gobierno para hacer frente a organizaciones del crimen organizado.

Libertad de expresión

La situación para los periodistas e informadores en este sexenio no ha sido mejor, ya que de acuerdo con el trabajo de registro y documentación realizado por Article 19, “en los últimos tres años hay registro de 565 agresiones contra periodistas, medios y trabajadores de la prensa. A detalle, de 2009 a 2011 fue posible documentar 55 violaciones graves; esto representa prácticamente una de cada diez agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación.”

Para Article 19, “Los estados donde mayor número de agresiones se atribuye a funcionarios públicos son Chihuahua (47 casos), Veracruz (33), Oaxaca (25), Chiapas (19) y el DF (17). Más aún, hay que agregar que en Chihuahua cuatro de cada cinco agresiones contra la prensa son atribuidas a funcionarios públicos, mientras que en Veracruz se les hace directamente responsables de uno de cada dos incidentes. Cuando se desagregan las cifras a nivel nacional se advierte que en su mayoría, los responsables han sido elementos de Policía Estatal (77 incidentes), Policía Federal (36), Policía Municipal (37) y Fuerzas armadas (41). Es decir, que las fuerzas de seguridad son las responsables de la mitad de las agresiones que provienen de funcionarios del Estado, y que del total de las agresiones de 2009 a 2011 uno de cada tres abusos fue responsabilidad de las fuerzas encargadas de guardar el orden.”

La delincuencia organizada aparece en el segundo sitio entre los principales responsables de ataques contra periodistas y medios en tanto que una de cada siete agresiones proviene de ella. A sus integrantes se atribuyen también las principales violaciones graves: 24 ataques con armas de fuego o explosivos en contra de medios de comunicación (de los cuales 75% se concentra en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas); 12 de los 27 asesinatos a periodistas y colaboradores de medios, y dos de los cuatro casos de desaparición. En resumen, siete de cada 10 agresiones graves provienen de la delincuencia organizada.

La situación grave de nuestro país lo expone de forma muy clara las conclusiones del Informe del Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank La Rue, “Aunque el actual problema de la violencia en México afecta a todos los sectores de la población, las agresiones contra periodistas y comunicadores sociales tienen efectos multiplicadores que impactan a los demás miembros de la profesión; generan zozobra y autocensura; privan al conjunto de la sociedad de su derecho fundamental a la información, y desalientan la denuncia, todo lo cual incrementa la impunidad. Así también “Las presiones directas o indirectas encaminadas a silenciar la labor informativa de los periodistas son incompatibles con la libertad de expresión de acuerdo con el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.” 2

En este sexenio el Estado mexicano sea por acción propia, en contubernio con la delincuencia organizada o por omisión ha contribuido a generar una Guerra Interna en donde la mayoría de la población se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Pero son los defensores de derechos humanos y los periodistas, lo que más han recibido las agresiones por parte del mismo Estado, que ha encontrado conveniente en su “lucha contra la delincuencia organizada” para acallar, amenazar, hostigar, encarcelar e incluso asesinar a quienes denuncian sobre sus políticas públicas.

1INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO ; Actualización 2010; Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

2A/HRC/17/27/Add.3 , Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue , Misión México.

Más información

gmatus@frayba.org.mx

Derechos humanos, fuerzas armadas y gobierno federal

México: “Callar al silencio es tarea de todos”

Informe de violaciones a los derechos humanos en México. Las víctimas del proceso de configuración de un Estado terrorista

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