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Este espacio es para la opinión sobre un tema o tendencia que está marcando los acontecimientos.

Que nos depara el futuro

Las premoniciones de los gobiernos entrantes en lo federal y estatal son de alta preocupación. Nos deja Calderón de la muerte, de los desaparecidos y de los desplazados forzosos, un país devastado. Debido a una de las estrategias de guerra implementado por la federación que ha lacerado a la sociedad mexicana como nunca en la historia de México.1

Nos deja un país caótico, cuestionado por diversos analistas políticos, en donde sostienen que la vorágine demencial de la estrategia de guerra de Calderón ha sido premeditada y calculada en sus resultado, lo cual nos colocaría en el debate del establecimiento de un Estado de sitio, donde se mantienen los intereses de los grupos de poder y en de los poderes fácticos que ahora gobernarán y que seguirán decidiendo el destino de millones de mexicanos.

Los actores políticos no son nuevos, son los mismos de siempre, con sus cambios generacionales que han garantizado mantenerse y agruparse plenamente: sostienen que el país que tenemos es el mejor de los países posibles bajo continuidad del al sistema neoliberal y por consecuencia a la economía capitalista; sistema probado que ha garantiza los intereses del poder y enriquecimiento a costa de los millones de mexicanos que al final son los peones que sustentan a este sector parasitario; incapaz y desprestigiada clase política mexicana con sus alianzas, emporios y sus vínculos con el crimen organizado en todas sus manifestaciones.2

Por tanto, hoy en día estamos ante una amnesia nacional donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) vuelve al poder con todas sus andadas del viejo PRI y sus oscuras relaciones, incluidas el de laizquierda funcionalmexicana que confirma la implementación del Proyecto Mesoamérica y el seguimiento de los proyectos de seguridad hemisférica a través de la ocupación militar y policiaca de Estado Unidos y del Ejército mexicano.

Ahora gobernará un nuevo presidente, que si antes pensábamos que él expresidente Fox era uno de los mas ignorantes que se hubieran registrado en los anales de la historia nacional; el presidente reconocido Enrique Peña Nieto es digno candidato a entablar un Guinness World Records como el mayor tonto que prometetal como lo afirmó Carlos Fuentes: “Es un hombre muy ignorante, y los problemas exigen a un hombre que sepa algunas cosas, no quien es el autor de una novela, sino en general tener un concepto del mundo…”3

En lo local el gobierno del estado de Chiapas Juan José Sabines Guerrero, deja una deuda al estado por 36 mil 130 millones de pesos, más la cínica decisión del Congreso del estado al aumentar la deuda por 3 mil 870 millones de pesos, al obedecer alsr. gobernadorJuan Sabines; siendo de esta manera el estado de mayor endeudamiento con 40 mil millones de pesos. Deuda que supera al gran escándalo sucedido en Coahuila con el exgobernador del PRI Humberto Moreira.4

Para Chiapas Manuel Velasco Coello, tendrá serias dificultades para gobernar, ya que su antecesor le deja un estado que depende del presupuesto federal para subsistir, siendo que la cifras sobre el combate a la pobreza fueron maquilladas y presentadas en el gobierno de espectáculo de Sabines, al final se le han caído el teatro del gobierno de vanguardia, siendo que la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sigue afirmando con datos fehacientes desde su metodología, ubicando de esta manera a Chiapas en el estado más pobre del país y con seis municipios considerados en extrema pobreza a la par de los pueblos más pobres del mundo.5

Tanto Peña Nieto como Velasco Coello, son producto de la sociedad del espectáculo, gobernantes fabricados que su único sustento seráel pan y circotal como se lo enseñaron sus antecesores y lo han promovido en sus largas campañas para ascender al poder por conducto de los medios de comunicación institucionalizados y progobiernistas que juegan un papel de enajenación en este país, desde sus telenovelas y noticieros que construyen una narrativa que devienen de los intereses del poder de inversionistas nacionales e internacionales, construyen una opinión tergiversada de lo que necesita el país e invisibiliza a quienes de norte a sur del territorio de México construyen otra formas de lucha, de defensa de sus derechos y de vida. Así también excluyendo a quienes caminan y juntan sus fuerzas y luchas planetarias, para crear escenarios distintos al de explotación y neocolonialismo.

El tiempo critico radicará en el laberinto de la memoria histórica y de la dignidad que como sociedad posibilite movimientos sociales y desde lo individual a lo colectivo construyamos frentes en defensa de derechos, sin permitir un paso atrás de derechos ganados que le han costado tanta sangre a las generaciones pasadas, tal como son los derechos laborales, ahora en debate a final de sexenio, donde el presidente Calderón ha impulsado una contrarreforma que transgrede y disminuye seriamente los derechos elementales donde hombres y mujeres pelearon con gran entrega, para que el pueblo mexicano tuviera mejores condiciones de vida digna. Es responsabilidad de nosotros, de nosotras, si seguimos permitiendo que nos impongan los intereses de unos cuantos que desde décadas detentan un poder ilegitimo y que usurpen nuestra voluntad general.

Pedro Faro

pfaro@frayba.org.mx

 

 

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La legalidad de la Injusticia. Alberto Patishtán Gómez Preso Político

Alberto Patishtán Gómez

Preso Político

En las últimas semanas han aumentado las acciones nacionales e internacionales exigiendo la libertad inmediata del profesor Alberto Patishtán Gómez, quien el próximo 19 de junio cumple 12 años injustamente preso. Él fue acusado injustamente de homicidio de siete policías, además de haber planeado y realizado la emboscada en donde éstos murieron.

Detención

El día 19 de junio del año 2000, cuatro hombres vestidos de civil, descendieron de una camioneta, deteniendo al profesor Alberto Patishtán sin mostrarle una orden de detención, fue golpeado y trasladado a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y llevado a las instalaciones de la Procuraduría General de la República. En el traslado fue puesto boca abajo y con el rostro cubierto con una bolsa de tela, sin permitirle moverse. Ese mismo día el Agente del Ministerio Público Federal solicitó al Juez de Distrito en Turno una orden de arraigo “domiciliario” por 30 días y el profesor Alberto Patishtán permaneció en la habitación de un Hotel todo ese tiempo. Estuvo incomunicado por varios días, sin auxilio jurídico durante las primeras etapas del proceso legal. En su declaración no se le consideró su condición de indígena tsotsil por lo tanto no contó con traductor en su idioma materno.

 En aquel tiempo, Alberto Patishtán participaba activamente en la vida política de su municipio, denunciando la corrupción del entonces ayuntamiento y solicitando la destitución del presidente municipal y la creación de un consejo Municipal.

Proceso penal

Después de 30 días de arraigo, el profesor Alberto Patishtán fue trasladado al entonces Centro Estatal de Readaptación Social (CERESO) No. 1 “Cerro Hueco” en Tuxtla Gutiérrez. A pesar de las irregularidades del caso, el 25 de julio del 2000 se les dictó auto de formal prisión por los delitos de: violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, lesiones y homicidio calificados, robo, daños y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Alberto Patishtán manifestó en su declaración que al momento de ocurrir la emboscada él se encontraba en una reunión en el municipio de Huitiupan, por lo que presentó sus pruebas y sus respectivos testigos, los cuales no fueron tomados en cuenta.

 El 18 de marzo del 2002, el Juez Primero de Distrito del Vigésimo Circuito dictó sentencia condenatoria en contra de Alberto Patishtán considerándolo penalmente responsable de los delitos anteriormente mencionados, aplicándole una pena de 60 años de prisión y una multa de 1745 días por un monto total de $ 57,061.00 pesos.

Por todo esto, Alberto Patishtán, interpuso el recurso de apelación contra la sentencia con fecha 18 de marzo de 2002, por lo que el 20 de agosto del mismo año, el magistrado Gerardo Torres García del Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Circuito con sede en Tuxtla Gutiérrez, resolvió el Toca Penal número 100/2002 confirmando la sentencia condenatoria.

Inconforme con la resolución, promovió el Amparo Directo número 58/2003 radicado en el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, el cual se resolvió el 11 de junio de 2003, dictándose resolución en sentido de negar el amparo en la mayor parte de los actos reclamados, haciendo únicamente la reducción del pago de la multa a la cantidad de $2 0,437.50.

Seis años después, el 20 de agosto de 2009 como último recurso, interpuso a trámite el recurso de Reconocimiento de Inocencia número 1/2009, el cual se resolvió el día 21 de enero del 2010 en el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito por el Magistrado Lic. Pablo Quiñones Rodríguez. El sentido de la resolución fue la negación del reconocimiento de inocencia por “encontrarlo infundado”. La notificación respectiva se realizó el 3 de febrero del 2010, publicándose en estrados con esa misma fecha. Por tal razón, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) consideró agotados con esta fecha, los recursos internos en México

Acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El 3 de agosto de 2010, el profesor Alberto Patishtán y el Frayba presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por las violaciones a los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), artículo 7 (Derecho a la Libertad Personal), artículo 8 (Garantías Judiciales), artículo 13 (Libertad de Pensamiento y de Expresión), 16 (Libertad de Asociación), artículo 25 (Protección Judicial) en relación al artículo 1.1 (Obligación de Respetar los derechos) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En diciembre de 2010 le fue notificado al Frayba, el acuse de recibido de la solicitud de petición enviada a la CIDH, informando que al caso se le había asignado el número de petición P-1119-10. Hasta este momento no se nos ha informado si le ha corrido traslado al Estado mexicano.

Acciones políticas

El 1 julio de 2004 Alberto Patishtán fue trasladado del CERESO No. 1 al CERESO No. 14 “El Ámate”. En este penal integró junto con otros presos políticos y presos injustamente el grupo conocido como “La Voz del Ámate” para su trabajo por la defensa de los derechos humanos de los presos y para denunciar las arbitrariedades sufridas tanto al interior del penal como en su proceso penal.

En el 2006 en el contexto de la iniciativa de la Sexta Declaración del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Alberto Patishtán adhirió a La Otra Campaña y desde ese momento comenzó a denunciar con más fuerza las injusticias a que ha estado sometido. Con ello, la lucha por la libertad culminó con la liberación de todos los integrantes de “La Voz del Ámate” en el 2008.

Al quedarse solo como integrante de “La Voz del Ámate”, Alberto Patishtán solicitó su traslado al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS No. 5) de San Cristóbal de Las Casas donde dio impulso a la organización de los “Solidarios de La Voz del Ámate”, personas presas, indígenas, también, acusadas con violaciones al debido proceso y encarceladas injustamente.

El 29 de septiembre de 2011, Alberto Patishtán y los Solidarios de La Voz del Ámate, iniciaron una huelga de hambre indefinida. Después de 21 días el profesor fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso No. 8) “Nor-Poniente” en Guasave, Sinaloa en el norte de México. En donde permanece hasta el día de hoy.

El mismo día del traslado, el 20 de octubre de 2011, el Frayba interpuso un amparo por el traslado injustificado, considerada una flagrante violación a su derecho de libre expresión y manifestación. Las autoridades responsables demandadas, en ningún momento fundaron, ni motivaron el traslado, lo que demuestra que lo único que pretendían era callar su voz.

Es importante señalar que el 19 de octubre de 2011, el secretario de gobierno Noé Castañón León solicitó al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública Federal el traslado del profesor Alberto Patishtán Gómez “…al Complejo Penitenciario Islas Marías o algún otro centro federal fuera del estado de Chiapas.”

El 29 de febrero de 2012, el Juez Quinto de Distrito con sede en Tuxtla Gutiérrez, resolvió el amparo, ordenando el regreso del profesor al CERSS No. 5 de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. El 19 de abril de 2012, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito con sede en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, admitió el recurso de revisión interpuesta por la autoridad tercero perjudicado representado por Rafael Pérez Lozada, Director de Amparos de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, perteneciente al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública Federal. Ahora el Tribunal Colegiado examinará los agravios alegados contra la sentencia de 29 de febrero de 2012 (el cual ordena el regreso del profesor Alberto Patishtán Gómez al CERSS 5 de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas) bajo el nuevo número de expediente en revisión 171/2012, que fue turnado al Magistrado Pablo Quiñones Rodríguez, quien conoce de las graves violaciones cometidas en el caso de Alberto Patishtán ya que conoció del último recurso de Reconocimiento de Inocencia número 1/2009, el cual resolvió en sentido de negarlo por “encontrarlo infundado”.

El 19 de abril de 2012, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito con sede en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; admitió el recurso de revisión, pero el 14 de mayo de 2012, se publicó el acuerdo en donde se remite el expediente en revisión al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región con Sede en la ciudad de Cancún Quintana Roo, por lo que consideramos que hay una intención de retardar la resolución de este amparo para el traslado de Alberto a una cárcel en Chiapas.

Solicitud de Medidas Cautelares a la CIDH

El 12 de marzo de 2012, se presentó solicitud de Medidas Cautelares ante la CIDH a favor del profesor Alberto Patishtán Gómez, con la finalidad de evitar daños irreparables a su integridad personal y a la vida, debido a que se encuentra en una situación de inminente riesgo por la falta de atención y tratamiento médico desde el día 20 de octubre de 2011 cuando se realizó el traslado injustificado.

La CIDH ha informado que ha recibido la solicitud de medidas cautelares y que ella se encuentra bajo el número MC-77-12. El 24 de mayo la CIDH otorgó las medidas cautelares a favor de Alberto debido a su situación de salud.

Exigimos la libertad inmediata

Como Frayba reafirmamos y nos sumamos a la palabra del 17 de marzo de 2012 emitida por los habitantes, comuneros, familiares y organizaciones de la sociedad civil quienes organizaron la asamblea llevada a cabo en el municipio de El Bosque, Chiapas, en donde nombraron al profesor Alberto Patishtán Gómez como “PRESO POLÍTICO”.

Por tanto exigimos al gobierno mexicano su liberación inmediata e invitamos a organizaciones, movimientos y personas solidarias de seguir exigiendo la libertad del preso político Alberto Patishtán.

Para mayor información sobre este tema:

Barbara Doman

bdolman@frayba.org.mx

Rubén Moreno

rmoreno@frayba.org.mx

El doble rostro de los derechos humanos

La defensa de los derechos humanos no se puede reducir a iniciativas políticas y campañas publicitarias cuando en la realidad los pueblos, comunidades e individuas/os que ejercen sus derechos son violentados por todos los niveles del Estado mexicano.

 Para muchos/as sería suficiente que el gobierno modifique constituciones, cree fiscalías, consejos de derechos humanos, o haga declaraciones públicas sin tomar en cuenta las miles de denuncias, informes, boletines, acciones urgentes, entre otras acciones, que hablan sobre las constantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en México y especialmente en Chiapas.

 El Gobierno de Chiapas, en los hechos en lugar de garantizar y proteger los derechos humanos, continúa con la creación de conflictos, la omisión, la falta al debido proceso, el control mediático, el uso de la amenaza, el hostigamiento, la tortura. Vemos con preocupación que organizaciones, fundaciones e incluso gobiernos, dan reconocimientos al ejecutivo de Chiapas sobre los avances en materia de derechos humanos lo que permite invisibilizar la situación real que se vive en el estado y abona a un mayor grado de violación e impunidad.

 En este gobierno las violaciones sistemáticas a los derechos humanos han sido la constante: la actuación de grupos de corte paramilitar, en complicidad con servidores públicos, han convertido el despojo de tierras recuperadas, propiedad de comunidades autónomas, en pago como botín de guerra.

 Múltiples son las intervenciones dirigidas al gobierno estatal para que detenga las acciones que violan los derechos a la autodeterminación, vida, integridad personal, alimentación, territorio, educación, salud; paz de individuos, familias y comunidades de Chiapas. La respuesta de todos los niveles de gobierno ha sido el silencio y la omisión, lo cual perpetua así la situación de impunidad e injusticia que permea la realidad de la cual somos testigos.

 Un ejemplo son: el caso de los defensores Margarita Martínez y Adolfo Guzmán que, a pesar de tener medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en donde el Gobierno de Chiapas se hace responsable de la seguridad con custodias policiales, han sido amenazados de muerte y a la fecha no han querido proceder en contra los responsables de las amenazas por ser funcionarios estatales.

 Los casos de tortura documentados, por parte de funcionarios estatales en instalaciones adscritas a la Procuraduría General de Justicia del Estado, como son las oficinas de la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada a pesar de que en Chiapas se quitó la figura del arraigo.

 La situación carcelaria en el estado es alarmante, condiciones de hacinamiento, falta de atención médica, celdas insalubres, comida averiada, hasta violaciones a los derechos de familiares de las personas detenidas con casos de tortura y violación a niñas y mujeres. Las condiciones documentadas han ido empeorando y las denuncias presentadas aumentaron en este último periodo, lo cual ha obligado a los presos en realizar ayunos y huelgas de hambre donde el estado ha mostrado poco y escaso interés en resolver la situación.

 La encarcelación de los ejidatarios de La Otra Campaña de San Sebastián Bachajón y de los de Nuevo Juan del Grijalva (habitantes de la ciudad rural) son un claro ejemplo de cómo el gobierno de Chiapas actúa en contra quienes ejercen sus derechos, pues la represión y el despojo del territorio son el negocio del sistema gubernamental y de los intereses del capitalismo.

 Para ejemplificar la represión a periodistas en estos meses se intentó, a través de una campaña mediática, incriminar nuevamente a Isaín Mandujano y Ángeles Mariscal quienes fueron hostigados y amenazados por parte de los funcionarios estatales, como práctica intimidatoria en violación de su derecho a la libertad de expresión.

 Al final de este 2011 consideramos que es preocupante que se considere al Gobierno de Chiapas como una vanguardia de los derechos humanos, cuando en los hechos se tiene documentado el incremento de violaciones a los mismos con la complicidad de funcionarios estatales; la omisión que hace ante decenas de denuncias; el utilizo de los medios de comunicación para invisibilizar y hacer campañas de criminalización; El uso de la fuerza pública y la tortura como método reiterado para desalentar las inconformidades, los reclamos y la defensa de los derechos.

 Como Centro de Derechos Humanos, seríamos los primeros en reconocer si el Estado cumpliera su obligación de proteger, garantizar y promover los derechos humanos, sin embargo a diario nos llegan cientos de denuncias de pueblos, comunidades, familias, profesionistas, personas que nos muestran con hechos que en Chiapas se violan de forma sistemática los derechos humanos reconocidos a nivel internacional, promovidos y suscritos por el Estado. Este doble discurso es lo que en la actualidad se vive, del que somos testigos y que los hechos documentados confirman.

Más información

Medios@frayba.org.mx

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Los intentos y las tentaciones

El geoturismo, concepto creado por Jonathan Tourtellot (fundador y presidente del centro de destinos sustentables de National Geographic), se propone brindar nuevas posibilidades a los turistas para viajar a sitios que cuentan con una geografía especifica, cultura, artesanías, gastronomía y estilo de vida propios, siendo éstas las principales características que los destinos turísticos deben reunir para formar parte de una exclusiva lista a nivel internacional. Dentro este concepto se encuentra la creación de nuevos sitios turísticos en Chiapas donde la participación principal estará a cargo del gobierno del Estado.

Bajo este intento, según nota publicada en La Jornada, un desarrollo de este tipo está planteado en el ejido Emiliano Zapata, Ocosingo, en los límites de Montes Azules, donde el río Perlas se une al Jataté, y la laguna de Miramar. Según La Secretaría de Turismo (Sectur) “se trata de un proyecto de campamento eco turístico sustentable, denominado Natura, que beneficiará a los habitantes de la región con una inversión de ocho millones de pesos de recursos estatales, pero según testimonio de los pobladores del ejido, ellos ya habían solicitado permiso a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para el mejoramiento del sitio, que ya contaba con unas pequeñas instalaciones, sin embargo la autorización había sido negada durante años. En el 2010 la Sectur informó a los ejidatarios que el proyecto era viable, mas no con las modestas características que ellos planteaban, ni bajo su administración, sino con la construcción de un gran complejo hotelero a poco más de un kilómetro de laguna Miramar, en un área de 40 mil metros cuadrados, concesionados por los ejidatarios por un periodo de 30 años, con una inversión inicial –pública y privada– de 22 millones de pesos.

Sectur ofreció en cambio crear fuentes de empleo, pavimentación de calles del poblado, arreglo del drenaje y casas para una mejor presentación a los turistas y, con el tiempo, remodelación de las escuelas primaria y secundaria. Asimismo, anunció que los turistas llegarían en grandes grupos y en viajes programados.

Por otro lado, el 24 de junio de 2011 en la comunidad de Nahá, que se encuentra en una de las zonas mejor conservadas de la Selva Lacandona, se concluyó la primera etapa de la construcción del campamento turístico Nahá, que se prepara para recibir al turismo en el período vacacional de verano y a los participantes de la Cumbre Mundial de Turismo de Aventura a realizarse en octubre próximo, cuando esta comunidad recibirá durante dos días a 20 participantes de la Cumbre Mundial de Turismo, quienes realizarán actividades de turismo de aventura y lo mismo se hará en los campamentos turísticos de Lacanjá, Tres Lagunas, Laguna Miramar y Las Nubes. Según informó la Sectur se invertirán recursos públicos en el estado de Chiapas que detonarán inversiones por 137.9 millones de pesos, para el desarrollo de la actividad turística en la entidad.

Las zonas antes mencionados hacen parte de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) donde la misma Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), declaró que la prioridad que se persigue es la conservación la cual debería blindarla jurídicamente ante las presiones de proyectos industriales y turísticos.

Ante este escenario se presentaría para los pueblos indígenas una situación de despojo a su entorno, a sus recursos naturales con una manifiesta violación a su derecho a la tierra y territorio entre otros, ya que la administración de los proyectos provienen de altos niveles de gobierno estatal y federal junto con empresas nacionales y transnacionales. Al mismo tiempo no se respeta el derecho al consentimiento libre previo e informado – presente en instrumentos internacionales que regulan la materia y que han sido signados y ratificados por parte del Estado mexicano – y el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos que habitan y radican originariamente esas tierras y territorios.

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Para mayor información sobre este tema comunicarse con

rrrodriguez@frayba.org.mx

 

El uso de los medios para descalificar la acción social y fortalecer la censura

En el estado de Chiapas, es preocupante la utilización de los medios de comunicación que se prestan a realizar trabajos para desinformar y confundir a la población. Con el argumento del uso de la libertad de expresión se crean medios de información y espacios de opinión que se dedican de forma reiterada a la criminalización de movimientos campesinos, indígenas, sindicalistas, defensoras y defensores de derechos humanos. Esta acción se da sin el mínimo ejercicio periodístico, escondiéndose en el anonimato y sin dar la opción de réplica.

Un aspecto preocupante es la censura ejercida por el gobierno de Chiapas a través de los “acuerdos de publicidad” y “apoyo a periodistas” que tiene con casi todos los medios de comunicación y con una cantidad importante de periodistas. Este mecanismo, según el testimonio de varios periodistas, ha obstaculizado la difusión de información que el gobierno del estado considera molesta, llegando a nivel nacional a cerrar espacios para la información no conveniente al gobierno de Chiapas.

Según datos con los que cuenta este Centro de Derechos Humanos, estos acuerdos de publicidad que tiene el gobierno de Chiapas con los medios impresos locales, están condicionados, ya que en la mayoría de ellos se emprendió un “saneamiento” para retirar o callar a los periodistas incómodos que pudieran causar problemas.

Un ejemplo de este tipo de acción es el caso del periodista Antony Flores Mérida, reportero y jefe de información del periódico la Voz de Sureste, de circulación en Chiapas. Antony es también creador del sitio www.infochiapas.com, mismo que administra y comparte en las redes sociales a través del twitter y facebook, en donde se ha publicado información que, por su profesionalismo, es compartida por periodistas independientes en Chiapas. A través de ese medio electrónico hizo pública una nota titulada: “Deuda pública en Chiapas, la más alta en 16 años”, que circuló rápidamente por internet, causando diversas reacciones en contra del gobierno del estado de Chiapas. Poco después de la publicación de la nota, fue llamado por directivos del rotativo quienes le informaron que había sido retirado del directorio del periódico. Es importante señalar que Antony Flores, tiene amistad con varios periodistas que publican de manera independiente en diferentes espacios electrónicos y redes sociales electrónicas, entre ellos Isaín Mandujano y Ángeles Mariscal, quienes en diversas ocasiones han sido hostigados por sus notas críticas sobre el gobierno de Chiapas.

Según información proporcionada a este Centro de Derechos Humanos, los directivos de los medios impresos, han prohibido a sus reporteros cubrir diversas fuentes por ser incomodas para el gobierno de Chiapas, esto incluye comunicados, boletines de prensa y/o información de organizaciones de la sociedad civil que denuncian actos en contra del gobierno del estado. Este tipo de censura y autocensura es parte de una estrategia de control de la información ejercida desde el Instituto de Comunicación Social del Gobierno de Chiapas.

Como claro ejemplo tenemos el dato que a partir del año 2009, a través del periódico “Péndulo de Chiapas”, dirigido por Noé Farrera Morales, se autorizó la publicación de la columna En Línea, firmada con el seudónimo Víctor del Monte, quien se ha dedicado de forma constante y reiterada a deslegitimar el trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos, de manera específica a las y los integrantes de este Centro de Derechos Humanos.

Si bien el internet, es una herramienta comunicativa eficaz, es también un espacio ideal para actuar desde el anonimato. En marzo de 2010 se crearon dos blogs con los nombres de “chiapasreal” y “realchiapas”, espacios electrónicos que no cuentan con nombres y/o seudónimos de creadores, ni firman ninguno de los documentos que suben a la web. Estos espacios electrónicos se han caracterizado a que su contenido sea exclusivamente para descalificar el trabajo y las acciones de defensa que realiza este Centro de Derechos Humanos. Según fuentes confidenciales estos espacios fueron creados y son administrados desde la Secretaria General de Gobierno de Chiapas.

El sitio electrónico llamado “Expediente Noticias 2010”, el cual se presenta como revista electrónica y es firmado por Max Rodríguez, quien escudándose en el derecho a la libertad de expresión ha publicado aseveraciones incriminatorias en contra de organizaciones sociales que han cuestionado el actuar del gobierno de Chiapas y sus señalamientos graves han ido en contra de periodistas como Isaín Mandujano y Ángeles Mariscal.

Es preocupante que se use el derecho a la libre expresión para que desde el anonimato se descalifique, se asocie con actividades ilícitas, se criminalice el trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas debidamente acreditados y organizaciones sociales sin los mínimos criterios del ejercicio periodístico, sin transparencia de los autores y líneas editoriales, mostrando una real malicia en su actuar y contraviniendo de forma reiterada en violación, en estos casos, a los derechos estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 11.2 y 11.3) y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17.1), los cuales han sido firmados y ratificados por el Estado mexicano.

La libertad de expresión en Chiapas se encuentra únicamente dentro del discurso del Estado como una consigna institucional, pero en la práctica es todo lo contrario y este Centro de Derechos Humanos quiere alertar sobre esta situación que pone en riesgo la labor de los periodistas, de las defensoras y defensores de derechos humanos, así como el derecho a la información todas y todos tenemos.

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Para mayor información sobre este tema

Jorge HERNÁNDEZ

jhernandez@frayba.org.mx

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