Memoria Histórica

es un espacio para el análisis y la actualización de información sobre casos de lesa humanidad en Chiapas.

Los espacios de la memoria

Con la participación en los espacios y encuentros de memoria en que asistimos; en los intercambios de experiencias dibujamos y construimos líneas con el tiempo para fortalecer conocimientos.

El litigio estratégico integral con una mirada hacia lo jurídico, lo político, lo social nos conduce a la defensa social integral en un trabajo compartido como pueblos que nos anima, nos impulsa y nos inspira a caminar.

Juntos, con personas provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, y México en el Foro Justicia de Transición realizado en la Ciudad de Guatemala, los días 28, 29 y 30 de agosto de 2012, se compartieron las experiencias de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad perpetrados por los gobiernos en los diferentes países en la segunda mitad del siglo pasado en Mesoamérica. Una política de baja intensidad impulsada e implementada en un afán hegemónico por parte de los Estados Unidos.

Se compartieron experiencias de acciones para preservar, construir la memoria, estrategias de denuncias para que los crímenes de lesa humanidad no queden en la impunidad. Contra el olvido, para la justicia y la verdad, la importancia del involucramiento de los familiares, víctimas y sobrevivientes en la implementación de esa guerra en el continente.

Es por eso y por una defensa social integral que con herramientas jurídicas, políticas y sociales el trabajo de los y las sobrevivientes, las organizaciones acompañantes tienen como objetivo el posicionar y responsabilizar al Estado sobre las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas en el curso de los años por la represión y así buscar la verdad, la reparación del daño, la justicia y la no repetición de los hechos.

Las personas se involucran en este proceso y ven como prioritario el utilizo de varios instrumentos, varios tipos de estrategias como son la documentación y sistematización de lo ocurrido, procesado por muchas organizaciones, sobrevivientes y víctimas; las violaciones sufridas el ubicar responsabilidades: los perpetradores materiales e intelectuales de los hechos ocurridos.

Otros elementos prioritarios en este trabajo son el uso de los medios de comunicación, las estrategias implementadas en difundir la información, como visibilizar las violaciones, las denuncias; las apuestas a los medios alternativos para la creación, la construcción de un modelo diferente y alternativo, para enfocar una nueva vía en este presente para la construcción de justicia alternativa. La acción solidaria, las alianzas solidarias de base local, nacional, regional e internacional contra la impunidad.

La importancia del acompañamiento psicosocial en este proceso, el camino de sanación a partir de la filosofía maya, el manejo del dolor en su capacidad de reinvertir la energía en fuerza creativa de transformación social, como construcción y cambio.

En el encuentro participaron sobrevivientes de la Masacre de El Mozote, El Salvador, ocurrida desde el 11 al 13 de diciembre de 1981 por el batallón Atlacatl, primer batallón de reacción inmediata del ejército salvadoreño, entrenado y equipado por Estados Unidos, que masacró a más de mil personas, en seis municipalidades de Meanguera y Joateca en el norte de Morazán. El testimonio de Doña Dorila que nos cuenta de su lucha por la justicia como sobreviviente y explica la importancia que tienen las nuevas generaciones en llevar a cabo el trabajo de justicia dignidad y no olvido.

Desde el Rabinal, Verapaz, Guatemala el testimonio de Doña Julia Cortés, su experiencia de lucha como sobreviviente de la masacre que ahí se perpetró cuando ella tenía la edad de 13 años el 15 de septiembre de 1982

Estuvo Don Saúl sobreviviente de la masacre de las Dos Erres, La Libertad, El Petén, Guatemala que compartió las luchas y fortalezas de las mujeres en el trabajo de la búsqueda de la justicia contra el olvido. Nos contaron sus historias en sus exigencias de una justicia social integral.

El trabajo que hacen los compañeros y las compañeras, sobrevivientes de la organización Pro Búsqueda en El Salvador para encontrar las niñas y niños desaparecidas durante la Guerra de los años ochenta.

Rescatar el testimonio colectivo de la aplicación de las operaciones de contrainsurgencia que trajeron como consecuencia directa los asesinatos, las desapariciones forzadas, las violaciones sexuales y el hostigamiento contra la población civil. La finalidad de trabajar de manera más cercana con los Pueblos en la búsqueda de la verdad en la memoria viva de los Pueblos.

La importancia de la acción de las personas, grupos, comunidades y organizaciones por la justicia y la defensa de sus derechos: ante la ausencia y deficiencia de las acciones gubernamentales, la ineficacia del sistema de justicia se hilvanan nuevas acciones, que toman impulso para una sociedad nueva, para el cambio en esta importante era.

En el contexto del conflicto armado interno en Guatemala, la violencia y violaciones sexuales contra las mujeres, el trabajo de sanación, de denuncia y de transformación de esa repugnante situación como herramienta de lucha para un futuro nuevo, un mundo otro y posible.

Desde estas experiencias reafirmamos y consideramos que en el curso del tiempo, el recorrer los espacios encontramos los momentos de la memoria, que nos ayuda y fortalece como pueblo para reinvertir la energía como elemento de cambio para una nueva vía. La vía de la construcción de nuevos caminos en esta lucha y resistencia por la autonomía.

 

Para mayor información sobre este tema:

Michele Di Spigno

mdispigno@frayba.org.mx

Testimonio de la masacre en el Mozote:

GUERRILLEROS DEL EGP FUERON INHUMADOS:

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Un Estado de muerte ante las alternativas de la memoria

Hoy día vivimos un escenario de emergencia nacional, guerra e impunidad, donde la percepción es la pesadilla como cotidianeidad de la cual no podemos despertar, en donde los que gobiernan a México -encabezado por Felipe Calderón-, están empecinados en sembrar más muerte y violencia por su afán de poder y control.

A lo anterior si le sumamos los sucesos históricos como es la herida abierta de la guerra sucia, la guerra de baja intensidad, la guerra integral de desgaste en todo el territorio mexicano, que generó un Estado de muerte y terror, concluimos que tenemos varias décadas en donde los gobiernos han sido los enemigos de quienes habitamos este territorio llamado México. Por una parte el único interés de los gobernantes ha sido signado en su actuación por la represión, para el control social y por otra parte la protección a la política neoliberal, en su afán reproductor y de acumulación de bienes y riquezas.

En Chiapas los asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, la cultura de la masacre como la de: Wolonchán, Acteal, Viejo Velasco, Chincultik y otras tantas acontecidas desgraciadamente en estas tierras, aunado a los crímenes de lesa humanidad cometidos en la zona Altos y Norte con los grupos paramilitares, son un ejemplo de esta estrategia de muerte y desolación.

Ante estas infamias, los pueblos paso a paso generan alternativas, caminan la memoria como pensamiento, en la construcción de una justicia vivida desde su integralidad como pueblos.

Ahora vemos a los pueblos que son el sujeto histórico que se organizan, que tienen su propia voz, reclaman y actúan, señalan a los responsables y sus responsabilidades; son quienes juzgan a través de una justicia integral, que no sea punitiva, vengativa, sino restaurativa, reparativa, que sirve para sanar, para construir una nueva sociedad, nuevas alternativas en su carácter de ejercicio pleno de derechos, en la autonomía y en la esperanza.

En el marco de la construcción de derechos, lucha contra la impunidad y una justicia alternativa, desde el mes de octubre del 2011 se instaló en México el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), un tribunal internacional heredero del Tribunal Penal Internacional “Tribunal Russel” que se creó en el 1967 para juzgar los crímenes de guerra cometidos por parte de los Estados Unidos durante la guerra en Vietnam.

El TPP se creó en el 1979 en Italia, desde la Fundación Internacional Lelio Basso por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, fundada en el 1976 e inspirada a la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos de Argel. El Tribunal en el curso de sus años se pronunció en los casos del Tíbet, Sahara Occidental, Argentina, Eritrea, Filipina, El Salvador, Afganistán, Timor Este, Zaire, Guatemala, por el genocidio Armenio, la intervención de Estados Unidos en Nicaragua, por el Amazonia brasileña y Colombia. El TPP es un tribunal que está renombrado por su calidad e integridad moral, por la importancia y calidez que reposa en sus garantes.

Actualmente instalado en México, su trabajo se verá reflejado en el juzgar los casos de crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos cometidos en el Estado mexicano en la implementación de una política neoliberal reflejada en acuerdos y tratados internacionales de libre comercio.

Ante este escenario, resulta de suma importancia la participación y el involucramiento de las personas, de los pueblos en la construcción de la justicia, en respuesta a esta situación con la mirada vuelta a su pasado. Lo que sucedió en los diferentes momentos de la historia, los hechos criminales, el porqué se cometieron, cual fueron los factores detonantes de tal situación. Las reflexiones con las víctimas, la evidencia de cual derecho se violó, según cuanto establecido en los instrumentos internacionales, así desde la perspectiva la filosofía de ser pueblo.

Las personas se reúnen, crean espacios de reflexión individuando los daños sufridos, las responsabilidades, cual y como debería ser la justicia, la reparación del daño y la preparación del caso ante una audiencia integrada por jurados provenientes de diferentes partes del mundo y referentes dignos, por su calidad moral, de la sociedad en general.

En el curso de este proceso el 28 y 29 de mayo de 2012, se celebró en Ciudad Juárez, Chihuahua la audiencia general introductoria del TPP, donde representantes y sobrevivientes de crímenes de guerra, lesa humanidad, feminicidios y violaciones a los derechos humanos, presentaron sus casos, además se presentó una acusación general del título, “El despojo y depredación de México. Libre comercio y desviación de poder como causas de la violencia estructural, la impunidad y la guerra sucia contra los pueblos de México” con la que se dio arranque al enjuiciamiento del Estado mexicano, que culminó con un dictamen final emitido por los jurados en condena del Estado mexicano.

Para mayor información escribir a:

Michele Di Spigno

mdispigno@frayba.org.mx

Pedro Faro

pfaro@frayba.org.mx

 

El suplicio y la resistencia

En estos tiempos, proponemos nuevamente las fechas de la resistencia y de la infamia en las que recordamos los acontecimientos pasados que han marcado nuestro estado de Chiapas y parte del continente latinoamericano.

 Resistencia

17 de julio de 1998: Quinta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN.

19 de julio de 1979: Nicaragua. Triunfo de la Revolución Popular Sandinista.

20 de julio de 2007: Caracol Oventic, San Andrés Sakamch’en de los Pobres. Segundo Encuentro de los pueblos zapatistas con los Pueblos del Mundo.

26 de julio de1953: Cuba. Asalto al cuartel Moncada.

6 de agosto de 1994: Guadalupe Tepeyac, Ocosingo, realización de la Convención Nacional Demócrata, convocada por el EZLN.

9 de agosto de 1994: Guadalupe Tepeyac, Ocosingo, tras la participación de 6,000 representantes de organizaciones sociales y civiles, termina la Convención Nacional Demócrata.

9 de agosto de 2003: Nacimiento de los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno zapatistas.

11 de agosto de 1992: Comienza la marcha de 3,000 campesinos sin tierra en Río Grande do Sul, Brasil.

8 de septiembre de 1997: 1,111 zapatistas marchan a la Ciudad de México para asistir al segundo CNI y exigir el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.

14 de septiembre de 2005: La Garrucha, Ocosingo. I Plenaria de La Otra Campaña.

15 de septiembre de 1589: Rebelión de los Mapuches, Chile.

27 de septiembre de 2006: la Junta de Buen Gobierno de Oventic declaró, a propuesta de la comunidad Huitepec Ocotal, 102 hectáreas como ‘Reserva Ecológica Comunitaria zapatista’, bajo el cuidado, protección y reforestación de la misma comunidad.

 Impunidad

 3 de julio de 2005: Andrés Quintana Roo, Sabanilla. Desplazamiento forzado de 20 familias por paramilitares de Paz y Justicia (PyJ).

4 de julio de 1996: Masojá Shucjá, Tila. Desaparición forzada de Juan Ramírez Torres por paramilitares de PyJ.

5 de julio de 1996: Miguel Alemán Tila. Asesinato de Juan Ramírez Torres, por los paramilitares de PyJ con la protección del EM y la PSP.

6 de julio de 1997: Tzáquil, Tila. Asesinato de Romeo García Pérez por paramilitares de PyJ.

11 de julio de 1996: Masojá Shucjá, Tila. Asesinato de Mateo Hernández López por paramilitares de PyJ.

12 de julio de 1996: Masojá Shucjá, Tila. Asesinato de Mateo Hernández López por paramilitares de PyJ.

13 de julio de 1999: Montes Azules, Ocosingo, Desplazamiento forzado por miembros del grupo

Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA).

14 de julio de 1995: Masacre en el Crucero o El Limar, Tila. Asesinatos de, Braulio López Pérez, Pedro Álvaro Arcos, Pascual Ramírez Gómez, Ramón Ramírez López, Florentino Pérez Sánchez, Gustavo Hernández Parcero, Héctor Pérez Torres por paramilitares de PyJ; desplazamiento forzado de 136 familias;Nuevo Limar, Tila. Desplazamiento forzado de 60 familias simpatizantes zapatistas;

Del 14 de julio al 27 de agosto: El Corozil, Tila. Desplazamiento forzado de ocho familias y Violación de una niña de 12 años, por paramilitares de PyJ.

16 de julio de 1995: Masacre en Cerro Misopá, Tila. Asesinato de Marcelino Vázquez López, Emilio Vázquez López, Eusebio Vázquez López, José Jiménez Martínez, Luciano Gutiérrez Vázquez, Carmelino Vázquez López, Jorge Vázquez López, Miguel Vázquez Gómez;Anexo Carmen Chinal, Tila. Desplazamiento forzado de 15 familias; desaparición forzada de Alejandro Jiménez Díaz por paramilitares de PyJ.

16 de julio de 1996: Masojá Shucjá, Tila. Asesinato de Mateo Vázquez Sánchez, por paramilitares de PyJ.

25 de julio de 1996: tramo Jesús Carranza, Sabanilla – La Raya de Zaragoza, Tabasco (límites de Tabasco y Chiapas). Asesinatos de Brígida Gutiérrez Pérez, Julio César López Gutiérrez y Orlando Vázquez Gómez.

1 agosto de 1997: Cruz Palenque, Tila. Asesinato de 15 personas no identificadas, de Nicolás Mayo Gutiérrez y de Miguel Gutiérrez Peñate; Desplazamiento forzado de 15 familias por paramilitares de PyJ.

Aguascalientes, Tila. Desaparición forzada de Mateo Arcos Guzmán, por paramilitares de PyJ. Desplazamiento forzado de dos familias.

I de Enero, Salto de Agua. Desaparición forzada de Miguel Parcero Parcero, por paramilitares de PyJ.

3 de agosto de 2000: Paraíso y Progreso, Yajalón. Desplazamiento forzado de 72 familias por paramilitares de PyJ.

2006: Chol’es Tumbalá, Palenque. Desplazamiento forzado de 11 familias.

6 de agosto de 1997: La Nueva Preciosa y El Progreso, Salto de Agua. Desplazamiento forzado de 13 familias perredista por paramilitares de PyJ.

7 de agosto de 1995: La Frontera, Sabanilla. Desplazamiento forzado de 20 familias por elementos de la Policía de Seguridad Pública (PSP).Las Vegas, Sabanilla. Desplazamiento forzado de 118 personas, por elementos de la PSP y grupos de civiles armados.

8 de agosto de 1995: Cerro Nava, Sabanilla. Asesinato de Francisco Álvarez por pobladores de la comunidad 5 de Mayo.

12 de agosto de 1996: Camino de El Limar a Masojá Chico, Tila. Desaparición forzada de Encarnación Pérez Pérez y María Rebeca Pérez Pérez por paramilitares de PyJ.

14 de agosto de 1996: El Limar, (Tuitzol o Huanal) Tila. Desaparición forzada de Sebastián Vázquez Martínez por paramilitares de PyJ, elementos del EM y PSP.

18 de agosto de 1998: El Limar, Tila. Asesinato de Cristóbal Vázquez López.

19 de agosto de 1996: Simas de Chixiltón. Asesinatos de seis jóvenes no identificados de Chenalhó.

21 de agosto de 1997: Nuevo Limar, Tila. Desplazamiento forzado de 98 familias, por paramilitares de PyJ.

22 de agosto de 2007: San Manuel (Nuevo Salvador Allende), Ocosingo. Desplazamiento forzado de seis familias, por elementos del Ejército Mexicano (EM).

28 de agosto de 1995: Miguel Alemán, Tila. Desplazamiento forzado de seis familias, por paramilitares de PyJ.

2 de septiembre de 1996: 1996: Santa Rosa, Guanal. Desaparición forzada de Domingo Jiménez Sánchez por paramilitares de PyJ.

3 de septiembre de 1995: Pantianija, Tila. Desplazamiento forzado; Usipá, Tila. Desaparición forzada de Diego Rodolfo López, Sebastián López López, José López Jiménez, Jorge López López, Rodolfo Arcos López por paramilitares de PyJ.

4 de septiembre de 1995 Usipá, Tila. Asesinato de Rogelio Jiménez López, Pascual López Torres, Antonio López López, Nicolás López Ramírez; Desplazamiento forzado de 95 familias por paramilitares de PyJ; Nuevo Limar, Tila. Desplazamiento forzado de 60 familias por paramilitares de PyJ.

1995 o 1996: Tila. Desaparición forzada de Miguel López López después de ser detenido por elementos de la Policía Municipal y personal del Ayuntamiento priísta.

6 de septiembre de 1996: Cerro Misopá, Misopá Chinal, Tila. Desplazamiento forzado de 100 personas por elementos de la PSP.

9 de septiembre de 1995: 1995: El Limar, Tila. Fueron sentenciadas 63 familias que fueron encontradas culpables de pertenecer al Partido de la Revolución Democrática (PRD). Acto realizado por PyJ que instala “mesa de ajusticiamiento”, en presencia de la PSP y del EM.

10 de septiembre de 1996: Masojá Grande, Tila. Desaparición forzada de Emilio/Emiliano Martínez Pérez por paramilitares de PyJ.

16 de septiembre de 1997: Los Chorros, Chenalhó. Desplazamiento forzado de 60 familias.

17 de septiembre de 2000: La Albarrada, El Aguaje, SCLC. Homicidio del niño Ángel Díaz Cruz, por una granada que el EM había dejado en las inmediaciones del ejido.

18 de septiembre de 1997: Los Chorros, Chenalhó. Desplazamiento forzado por las autoridades de Los Chorros;

1999: Asesinato de Cristóbal Vázquez López por paramilitares de PyJ.

19 de septiembre de 1997: Los Chorros, Chenalhó. Desplazamiento forzado de 150 personas por integrantes del PRI.

20 de septiembre de 1995: Chulum Chico, Tila. Desplazamiento forzado de 25 familias por paramilitares de PyJ.

21 de septiembre de 1995: Chulum Chico, Tila. Desplazamiento forzado de 30 familias; Asesinato de Rafael Gómez Pérez.

1997: Polhó, Chenalhó, Enfrentamiento, propiciado por el gobierno, entre paramilitares y BAEZLN;

1997: Yibeljoj, Polhó, Chenalhó. Desplazamiento forzado de la comunidad.

22 de septiembre de 1997: Polhó, Chenalhó. Cuatro personas Asesinadas.

29 de septiembre de 1996: Masojá Grande, Tila. Asesinato de Romeo Pérez Pérez por paramilitares de PyJ.

30 de septiembre de 1995: El Crucero, Tila. Desaparición forzada de Cándido Vázquez Sánchez. En el 2001 se encontraron las osamentas.

***

Masoja Shucja el lugar de la memoria

El color de la hojarasca se escucha cuando se desprende del tiempo. El aire caliente del día se prolonga cuando la tarde se suicida, pronto se vuelve oscuro, acompaña el canto de los grillos en el camino y poco a poco la niebla cae tendiendo una manta nebulosa que resguarda el silencio.

 El sol se levanta junto al sonido del gallo de don Manuel y doña María. Su luz empieza a crecer detrás de las nubes, encima de las montañas. Es otoño en Masojá Shucjá, se ve en el camino la gente que fluye hacia la iglesia, junto al sonido del tambor y la guitarra, música que resuena en todos los rincones del pueblo; inicia la ceremonia, se recuerda a los caídos, a los asesinados, en el tiempo de horror, la segunda década de los noventa, cuando el terror llegó en la zona baja de Tila, cuando el miedo se empoderó de la región y aún ahora ha costado expulsarlo.

 Eran los años en que el gobierno enfrentaba directamente el pueblo en resistencia, bajo la estrategia de los paramilitares conforme a su plan de exterminio y muerte, a quienes clamaban libertad y justicia, a quienes se habían llenado de dignidad y no se rendían a aceptar un destino escrito en una pobreza impune.

 La resistencia fue la respuesta de las personas organizadas; El recuerdo de ese entonces compartido y enlazado con otras luchas.

 Es por eso que en Masoja Shucaja el 1 de octubre se juntaron personas sobrevivientes del conflicto armado interno, gente desplazada que nunca ha podido retornar a su terruño, familiares de personas que fueron asesinadas y desaparecidas forzadamente, para recordar a quienes lucharon por esta patria derrotada por el miedo y la violencia, y como un hecho inédito el acompañamiento de integrantes de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal que con su grupo de teatro y coro, infundieron otra calor y energía; reconfortaron los ánimos, dieron aliento para compartir y seguir el camino; regalaron sonrisas, flores de esperanza, de autonomía y libertad; compartieron la luz, el agua y la tierra como alimento.

 Es por ello, que al caer la noche el espíritu fue uno, en pensamiento y recuerdo, una sola memoria colectiva de quienes han sido víctimas del conflicto armado interno aún no resuelto y de la estrategia del gobierno que continua con su Plan de Campaña Chiapas 94’. La respuesta es contundente ya que los pueblos han decidido organizarse para ir labrando su otro camino, su otra vida donde se está construyendo la otra justicia, la verdadera justicia.

 Para mayor información:

Pedro Faro

pfaro@frayba.org.mx

Michele Di Spigno

mdispigno@frayba.org.mx

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El largo camino hacia la vida con dignidad

Memoria histórica

 En esta sección, en los meses que van desde abril a junio, recordamos las fechas simbólicas de resistencias y dignidad de los pueblos quienes no se resignan a aceptar un modelo de vida impuesto por un sistema de exclusión y violencia. Además recordamos, los crímenes de lesa humanidad, perpetrados por los gobiernos, para acallar la resistencia y la construcción de una manera otra de vivir.

 Para mantener viva la memoria, el no olvido y el fortalecimiento del trabajo hacia la justicia y la verdad.

 Compartimos este trimestre el artículo El largo camino hacia la vida con dignidad. del colectivo Hijos es Hijas por la memoria y contra la impunidad en Colombia – Capítulo México, presente en la agenda 2011, “La memoria se rebela”, que nos anima día con día y nos interpela a denunciar y difundir la impunidad y la lucha.

 Resistencia

1996: De abril a septiembre, San Andrés Sakamch’en de los Pobres, se instalan los diálogos entre el EZLN y el gobierno federal;

 7 de abril de 2007: San Cristóbal de Las Casas (SCLC), creación de La Voz de Los Llanos, grupo de presos que manifiestan estar injustamente detenidos;

 16 de abril de 2009: la comunidad de Mitzitón denuncia que sin permiso de la comunidad, funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ingresaron a las tierras para comenzar las mediciones para la construcción de la autopista SCLC-Palenque. De llevarse a cabo, dicha obra, afectaría gravemente a su territorio;

 25 de abril de 1997: “Caravana WEJLEL”, formada por choles desplazados. ONG’s de derechos humanos y observadores internacionales rompen el cerco de miedo y amenazas que Paz y Justicia (PyJ) mantiene en la zona Norte iniciando una marcha hacia Tuxtla Gutiérrez, exigiendo principalmente el desmantelamiento de grupos paramilitares, castigo a los responsables de los crímenes, y el retiro del Ejército Mexicano (EM) y de la Policía de Seguridad Pública (PSP) de las comunidades de la zona;

 30 de abril de 1977: Argentina. Se crea la asociación de las Madres de la Plaza de Mayo;

 Junio 2005: Sexta Declaración de la Selva Lacandona donde se da a conocer La Otra Campaña;

10 de junio de 1994: Segunda Declaración de la Selva Lacandona;

2009: Los días 20 y 21 Primer Encuentro Continental Americano Contra La Impunidad, en el Caracol IV “Torbellino de Nuestras Palabras” ejido Morelia, Altamirano, Chiapas;

26 de junio de 1987: Creación de la Confederación de los Pueblos Indígenas de México;

28 de junio de 1996: Primera irrupción del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en Aguas Blancas, Guerrero.

 Impunidad

6 de abril de 1995: Masacre en el ejido Dr. Manuel Velasco Suárez, Salto de Agua. Desaparición forzada de Nicolás Méndez Díaz. Asesinato de Francisco Montejo López, Pascual Álvaro Moreno, Nicolás Álvaro Méndez, Francisco Álvaro Méndez, Martín Álvaro Méndez;

 14 de abril de 1997:Masojá Shucjá, Tila. Desaparición forzada de Domingo Vázquez Avendaño; Estatus actual muerto, encontradas las osamentas en el 2001;

 19 de abril de 1996: Paraíso, Sabanilla. Asesinato de Celina López Álvarez;

19 de abril de 1997: Paraíso, Tzaquil, Pasijá Morelos, Quintana Roo, Cerro Misupá, Jesús Carranza, Chulúm Chico anexo Chulúm Juárez. Sabanilla. Desplazamientoforzado de 143 familias, (760 personas), por paramilitares de PyJ;

19 de abril de 2010: Ocosingo. FeminicidioTatiana Trujillo Rodríguez por su esposo, integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Elmar Darinel Díaz Solórzano.

 21 de abril de 1997: Nueva Revolución, Tila, Asesinato de Roberto Torres Pérez;

 30 de abril de 2010: SCLC, muere Petrona Núñez González, sobreviviente de la Masacre de Viejo Velasco;

 Mayo de 1995: Suklumpá, Salto de Agua. Asesinato de Nicolás López Méndez y Filiberto Velasco Méndez; Cerro Misopá, Tila. Asesinato de Marcelino Vázquez López;

3 de mayo de 2006: Texcoco, Estado de México. Desalojo forzado de un grupo de vendedores de flores por elementos de la policía municipal;

3 de mayo 2006: Atenco, Estado de México, asesinatodeJavier Cortés (14 años) y Alexis Benhumea. Tortura, violencia y violación sexual por elementos de la Policía estatal y Policía Federal Preventiva a las personas que se manifestaban;

7 de mayo de 1996: Unión Juárez, Sabanilla. Desaparición forzada de Amado Gómez Torres, por paramilitares de PyJ;

9 de mayo de 1995: Los Ángeles, Salto de Agua,Desplazamiento forzado de 15 familias, por policías y paramilitares de PyJ;

12 de mayo de 2007: Tzanembolóm, Chenalhó.Desplazamiento forzado de dos familias;

18 de mayo de 1996: El Limar, Tila.Secuestro frustrado al Obispo Raúl Vera López, por paramilitares de PyJ;

22 de mayo de 1995: Chiapas: Expulsión de los sacerdotes extranjeros, Loren Laroye Riebe, Rodolfo Izal Elorz; Jorge Alberto Barón Guttlein por el gobierno federal;

22-23 de mayo de 1997:Las Limas Chitamucum, Pantelhó. Desplazamiento forzado de 85 personas, por miembros del Partido del Frente Cardenista;

24 de mayo de 1996:Usipá, Tila. Asesinato de Sebastián Sánchez López, Sebastián López López y Desaparición forzada de Mateo Jiménez López por paramilitares de PyJ;

1997:Barrio Ch’uchtic, San Pedro Polhó. Desplazamiento forzado.Asesinatode Cristóbal Pérez Medio;

1997:Unión Yaxgemel, Chenalhó, Desplazamiento forzado de 350 personas, asesinato y desaparición del cuerpo de Cristóbal Pérez Medio, por miembros del PRI;

24-31 de mayo de 1996: Usipá, Tila. Desplazamiento forzado de 95 familias, por paramilitares de PyJ;

28 de mayo de 1997: Tzáquil, Tila. Asesinato de Macario García Torres;

1997: Susuclumil, Masojá Shucjá, Tila. Desplazamiento forzado de tres personas por paramilitares de PyJ;

30 de mayo de 1980: Masacre de Wolonchan;

Junio de 1996: Desaparición forzada de Domingo Pérez Martínez;

1 de junio de 1996:Paraíso, Sabanilla,Asesinato de Elías Hernández López, por paramilitares de PyJ;

1996:Majastic, Sabanilla. Desplazamiento forzado de 10 familias por paramilitares de PyJ;

3 de junio de 1996:Desaparición forzada de Florencio Gutiérrez Vázquez;

4 de junio de 1996:Los Moyos, Sabanilla. Desaparición forzada de Guadalupe Hernández Jiménez;

5 de mayo de 1996:Los Moyos, Sabanilla. Desaparición forzada de Carmelino Pérez Jiménez o Carmelo Pérez López;

6 de junio de 2001:Misopá Chinal, Tila.Desaparición forzada de Basilio Gutiérrez López, por paramilitares de PyJ;

7 de junio de 1998: Comunidad El Charco, Ayutla de Los Libres, Guerrero, Asesinato de 11 personas por el EM;

10 de junio de 1971: Ciudad de México. Represión a estudiantes por paramilitares al servicio del Estado mexicano, llamados “Los Halcones”;

10 de junio de 1998:Unión Progreso, Chavajeval, Álvaro Obregón, El Bosque. Enfrentamiento entre miembros del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), EM y PSP. Asesinato de ocho campesinos y dos Policías;

12 de junio de 1996:Susuclumil, Masojá Shucjá, Tila. Desplazamiento forzado de 70 personas por paramilitares de PyJ;

13 de junio de 1996:Nuevo Corozil, Tila. Asesinato de una persona;

14 de junio de 1996:Bebedero, Sabanilla.Desplazamiento forzado de 115 personas por paramilitares de PyJ;

1996:Los Moyos, Sabanilla; Asesinatos de Arturo Hernández Soto, José de Jesús, Félix Martínez Trujillo, Martín Pérez Pérez y desplazamiento forzado de 17 familias por paramilitares de PyJ;

1996:Majastic, Sabanilla. Asesinato de Arturo Gómez Gómez;

1996:Unión Hidalgo, Sabanilla, Asesinato de Jesús Guzmán;

16 de junio de 1996: Rancho Pachuc, entre Patastal Corozil, Tila. Asesinato de Domingo Vázquez Sánchez;

17 de junio de 1996:Agua Fría, Tila. Enfrentamiento, Asesinato al menos de tres perredistas y un integrante del PRI;

18 de junio de 1997: Busiljá Ratayula, Ocosingo.Asesinato de un niño, Desplazamiento forzado de 18 familias por un total de 60 personas por integrantes del PRI;

1996:Sucsulumil, Masojá Shucjá, Tila. Desplazamiento forzado de tres personas por paramilitares de PyJ;

19 de junio 1996:Masacre enEl Limar, Tila. Asesinato de, José Martínez Pérez, Marcelina Martínez, Gabriela Martínez Martínez, Hermelinda Martínez Martínez;

1996: Pachuc y Corozil Anexo Huanal, Tila. Desaparición forzada de Oscar Jiménez Jiménez por paramilitares PyJ;

1996:Jesús Carranza, Sabanilla. Desaparición forzada de Cruzindo Álvarez Jiménez, Fernando López Martínez por paramilitares de PyJ;

20 de junio 1996:Miguel Alemán, Tila. Desaparición forzada de Minerva Guadalupe Pérez Torres por 30 paramilitares de PyJ;

1996:Masojá Shucjá. Asesinato de Sebastián Pérez López;

21 de junio de 1996:Huanal, Tila. Asesinato de Nicolás Gómez Martínez, Antonio López Jiménez, Marcelina Pérez López;

1996:Sabanilla. Asesinato de dos personas no identificadas;

1996:Miguel Alemán, Tila. Desaparición forzada de Hermelinda Pérez Torres, por paramilitares de PyJ;

22 de junio de 1997:Emiliano Zapata, Tila. Asesinato de Benito Juárez Gutiérrez, Mariano Pérez Pérez y Mariano Pérez López;

23 de junio de 1996:Cerro Misopá, Tila. Asesinato de Rafael López Vázquez;

1996:Bebedero, Sabanilla. Desplazamiento forzado de siete familias por elementos de la PSP y paramilitares de PyJ;

1996:Jolnixtié, Tila. Desplazamiento forzado de decenas de familias y violaciones por elementos de la PSP, Secuestro y Violación a tres mujeres;

1997:Emiliano Zapata, Tila. Asesinato de Mariano Pérez López por paramilitares de PyJ.

24 de junio de 1995:Emiliano Zapata, Tumbalá.Desaparición forzada de María López Méndez y Luis López Sánchez por miembros de la PSP y paramilitares de PyJ;

1997: Pasijá de Morelos anexo, Tila. Asesinatos de Antonio Martínez Vázquez y del menor Rafael Pérez Torres y Desplazamiento forzado de sus familiares por paramilitares de PyJ;

1997:Shushupá, Sabanilla. Asesinatos de varias personas, no identificadas, simpatizantes del EZLN;

25 de junio 1996:Desapariciónforzada de Domingo Ortiz Gutiérrez, Guadalupe Sánchez López, Pascual Ortiz Sánchez, originarios de Panchuc Corozil, Tila;

1996:Sucsulumil, Tila. Asesinato de Diego Pérez López, Manuel Ramírez Torres, Mateo Ramírez Torres;

26 de junio de 1996: Revolución, Tila.Asesinato de Pablo López Gómez.

28 de junio de 1995:Aguas Blancas, Coyuca de Benítez, región de la Costa Grande, Guerrero. Asesinato de 17 personas por elementos de la Policía estatal;

El largo camino hacia la vida con dignidad. Apuntes para un debate sobre la construcción de memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición en Colombia.

¿De qué hablamos cuando decimos memoria? ¿qué es lo que queremos recordar y para qué? esas preguntas atraviesan buena parte de las discusiones y acciones de la política colombiana en la actualidad, tanto en el campo de las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos como en el de las instituciones gubernamentales. Las respuestas tienen fuertes implicaciones sobre la vida cotidiana de quienes han sido sujetos de violencia y los proyectos de vida en común de un país que ha permanecido en guerra por más de cuatro décadas, donde el terrorismo de estado ha sido una práctica sistemática y la impunidad su compañera permanente.

La discusión sobre este tema ha cobrado especial relevancia debido al proceso de negociación que se dio entre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y los grupos paramilitares a partir del año 2003, a la posterior promulgación de la Ley de Justicia y Paz en el 2005, a la constitución de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, y a la discusión que hay desde el 2008 alrededor de la creación de una Ley de Víctimas.

 Desde las organizaciones sociales, de familiares y de defensa de los derechos humanos hemos planteado críticas a las distintas fases de este proceso, referidas principalmente a la continuidad del terrorismo de estado y la impunidad; a lo falaz del proceso de desmovilización, a la poca búsqueda de la verdad histórica y justicia penal frente a los victimarios; a la contradicción entre la intención declarada de reconciliación y construcción de paz de algunas instituciones estatales y la acción estigmatizadora y represora de amplios sectores del gobierno uribista; y al privilegio del militarismo en desmedro de las iniciativas de reparación a las víctimas y de solución negociada al conflicto armado.

 En ese contexto, la memoria se vuelve un campo de tensiones, de luchas en las que el pasado se encuentra en disputa. De esa manera, la discusión acerca de las razones que condujeron a esta guerra, se vuelve la primera línea de una batalla que busca, en el pasado, una cierta forma de pensar el presente y los futuros posibles del país. Los argumentos, de alguna manera, podrían agruparse en dos. El primero afirma la existencia de una fuerte injusticia estructural en la repartición de la riqueza socialmente producida, y de un sistema político excluyente. Frente a esos hechos, se entiende que el estado no sólo ha sido ineficiente, sino además abiertamente represor, desmedidamente militarista y funcional a un proyecto de poder que reproduce y profundiza las desigualdades. Como resultado, las acciones del Estado han desarticulado parte del tejido y la organización social, obligando a que muchas comunidades se desplacen, estigmatizando a quienes lucharon pacíficamente por la transformación social, y llevando a que algunos sectores vieran en la toma de las armas la única forma de conquistar sus derechos.

 Por otra parte, un argumento antagónico del anterior afirma que el país se encuentra rezagado en la construcción de un estado moderno que ha de ser orientado por las necesidades del mercado, en el cual la riqueza producida sería capaz de generar el bienestar no sólo de las élites económicas sino que paulatinamente llegaría a beneficiar a los sectores marginados gracias a su inclusión dentro del sistema laboral y productivo. Según esta idea es necesario que la iniciativa privada nacional y multinacional industrialice sectores como el agro, transformando a los pequeños campesinos en asalariados. Algunos de los que defienden esta tesis aseguran que la guerra se debe a una ideologización de los problemas nacionales y a la creciente búsqueda de beneficio económico por parte de unos guerreros articulados con el narcotráfico.

 Del contraste entre estas hipótesis se desprenden una serie de implicaciones para las luchas por la memoria, la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Nosotros como Hijos e Hijas nos identificamos con la primera de ellas ya que estamos seguros de que es la injusticia y la opresión la causa principal de una guerra que parece no tener final, pero cuya transformación creemos que es posible en la medida en que se construyan condiciones para el ejercicio del disenso, la autonomía y la vida digna.

Memoria

Sobre este asunto, hablar desde la primera opción expuesta arriba implica, por una lado, denunciar la sistematicidad y continuidad del terrorismo de estado, la represión contra las organizaciones sociales, así como luchar contra la impunidad; por el otro, obliga a reconocer y posicionar en lo público la legitimidad de las luchas que estas organizaciones han adelantado en ámbitos como la reforma agraria, los derechos laborales, el acceso a la educación pública o los derechos de las comunidades indígenas y afrocolombianas. Es decir, a la vez que implica construir una memoria de la barbarie de lo que no queremos que suceda nunca más, implica también construir una memoria de la dignidad popular, de la esperanza y las formas de construcción de otro mundo posible. Para ello, desde distintas organizaciones y espacios sociales se han realizado audiencias populares en las que se han recogido y sistematizado testimonios y denuncias de las víctimas sobrevivientes, construyendo así versiones alternativas al olvido y espacios para que ellas levanten su voz, ya que en las audiencias de la Ley de Justicia y Paz son únicamente los victimarios quienes se expresan.

Verdad

Frente a este tema, afirmar la primera hipótesis implica conocer a profundidad los mecanismos que se han construido para ejecutar y legitimar el terrorismo de estado, las relaciones que han existido entre represores, sectores políticos, narcotraficantes, grupos económicos nacionales e internacionales, medios de comunicación y las políticas continentales como las que se han elaborado desde la Escuela de las Américas, hoy WHINSEC. También implica la desestigmatización y dignificación de las y los luchadores sociales que han sido violentados y señalados como terroristas. Se trata entonces de una verdad que nos permita comprender la brutalidad de un proyecto de poder y los intereses que lo sustentan, a la vez que rescatar el derecho al disenso. La verdad es condición necesaria para el logro de la memoria y la justicia. Para acompañar esta apuesta, desde el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE)1 se viene impulsando la constitución de una Comisión Ética Internacional que ayude a construir y resguardar la memoria de los pueblos y la verdad sobre lo sucedido en esta guerra.

Justicia

En este ámbito hay dos frentes: el primero se refiere a los victimarios y el segundo a las víctimas, concepto de por sí bastante problemático, en tanto en ocasiones se confunde la condición de víctima con un carácter pasivo, cuando fue precisamente por una vocación de transformación que las personas fueron victimizadas, y es esa vocación la que sigue manifiesta en la actualidad por medio de la resistencia al olvido y la impunidad.

Con respecto a los primeros, hay dos grandes campos: el de la justicia penal y el de la condena social. En el primero, es necesario perseguir a los máximos autores de los crímenes y demostrar la responsabilidad de los agentes estatales en la concepción, planeación y ejecución de los crímenes, a la vez que en la financiación, encubrimiento y emisión de fallos judiciales favorables a los victimarios. También es absolutamente necesario modificar los alcances de la justicia militar, porque persisten elementos regresivos como el juzgamiento de crímenes de guerra por parte de los fiscales militares, quienes han exonerado a torturadores, desaparecedores, masacradores y distintos agentes de la fuerza pública que han tenido estrechas relaciones con los grupos paramilitares.

Por su parte, la condena social consiste en una apuesta por generar versiones que contrasten con las elaboradas desde los medios de comunicación y algunos sectores del estado. La intención aquí es la búsqueda de vínculos con distintos sectores de la sociedad en la lucha por la justicia, la verdad, la reparación integral y la no repetición de los crímenes de estado, y que expresen cotidianamente su condena a los victimarios. Si no están en la cárcel, en la calle tampoco serán libres. Aquí hemos usado estrategias que van desde las expresiones del arte callejero hasta la intervención en espacios formales y alternativos de educación, pasando por la creación de nuestros propios medios de comunicación. Consideramos que la movilización social y popular es fundamental para conseguir transformaciones dentro de los marcos jurídicos y las políticas nacionales.

Respecto a la justicia para las víctimas, son múltiples las exigencias que planteamos desde las organizaciones sociales, de familiares y de defensa de los derechos humanos. En primer lugar, la inmediata materialización de la no repetición. No repetición. No repetición. No repetición de los crímenes de estado. No repetición del paramilitarismo. La primera medida de justicia, la primera medida de memoria, la primera medida de reparación, la primera medida hacia cualquier tipo de reconciliación es el cese inmediato del terrorismo de estado. Por ello son solo palabras las promesas y afirmaciones del actual Gobierno de Juan Manuel Santos y el anterior de Álvaro Uribe Vélez, dado lo falaz de la desmovilización de los paramilitares y la continuidad de la represión. La muerte sigue andando fatigada y constante por las tierras de Colombia. Es urgente prohibir la conformación de cualquier tipo de organización en la que los civiles cumplan con funciones armadas, es decir, elevar a rango constitucional la prohibición de la conformación de grupos paramilitares.

Por otra parte, está la justicia en términos de reparación y restitución de los derechos de las víctimas, lo que atraviesa distintos niveles. Desde el derecho que tiene los familiares a conocer el destino de sus seres queridos y el reconocimiento estatal de su participación en estos crímenes, hasta la restitución de los derechos sobre la tierra de las comunidades que fueron desplazadas y expropiadas. En los dos casos, un paso indispensable es el reconocimiento de la existencia de crímenes de estado, tema que se encuentra en el centro del debate colombiano actual, ya que sus víctimas han sido excluidas de las medidas de reparación que el estado colombiano ha propuesto e implementado. Este reconocimiento es necesario no sólo para el acceso a reparaciones materiales, sino para la dignificación de quienes han sido violentados y cuyas muertes han sido posteriormente justificadas asegurándose que eran parte de organizaciones armadas. Cómo si la condición de víctima la diera o la negara la participación en una organización política… la condición de víctima es siempre dada por el estado de indefensión y asimetría en el que se encontraba la persona al momento de ser violentada y por la suspensión de los derechos que le son consagrados en la constitución nacional y todos los tratados internacionales, de los cuales la vida es el primero.

Finalmente, es importante reflexionar acerca de si la reparación es sinónimo de volver a las condiciones previas a la guerra, o si debe además propender por que quienes han sido víctimas de violaciones graves a los derechos humanos puedan mejorar sus condiciones de vida digna. Para responder a ello tenemos que recordar cuáles fueron las causas que dieron origen a esta guerra, y buscar medidas que ayuden a la construcción de una sociedad más justa y sin opresión. De lo contrario, habrá quienes sigan confundiendo la paz con el silenciamiento de las armas y la reconciliación con la institucionalización de las posiciones de poder conseguidas por vía armada.

Hijos es Hijas por la memoria y contra la impunidad en Colombia – Capítulo México

hijxscolombiamx@gmail.com

1 El Movimiento Nacional de víctimas de crímenes de Estado -MOVICE- es un movimiento social que agrupa a mujeres y hombres, comunidades de diverso origen étnico, cultural y generacional, más de 200 organizaciones sociales, sindicales y políticas que hemos vivido el impacto de la violencia generada por el Estado colombiano, a través de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos.

RENOVAR EL PASADO

Memoria histórica

En los primeros meses del 2011, mantenemos la memoria con las fechas de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Chiapas en los años anteriores, así como las resistencias que siguen animándonos.

Compartimos, además, el artículo “Renovar el pasado” escrito por Gustavo Esteva en la agenda 2011, “La memoria se rebela”, con la que mantenemos, junto a los Pueblos, la esperanza.


RENOVAR EL PASADO

No es cosa de dinero o bienes”, me dijo Oren Lyons, uno de los más respetados abuelos mohawk de la Confederación Iroquesa. “Sabemos que no podrán restituirnos lo que nos quitaron, material o espiritualmente. Pero si el gobierno de Estados Unidos nos pide oficialmente perdón, podemos pensar en otorgarlo e iniciar así la regeneración.”

 “Perdonar es relativamente sencillo”, me dijo una autoridad en Chiapas cuyo nombre no puedo compartir. “Lo difícil es reconciliarse con los asesinos.” Ante mi asombro, explicó: “Si nos vamos con esto a la tumba, el dolor y la rabia durarán por generaciones. Le toca a esta generación arreglar el asunto. Debe quedar enterrado junto con nuestros huesos.”

Esa es la cuestión. No puede perdonarse, no es posible “arreglar el asunto” y empezar la regeneración de una comunidad o una sociedad polarizadas, llenas aún de dolor y de rabia, si se opta por cerrar los ojos y permitir que prevalezca la impunidad. El “borrón y cuenta nueva” que se apresura a organizar cada nuevo gobernante, a fin de evitar “cacerías de brujas”, sólo es sal en la herida del cuerpo social. A menudo no se trata únicamente de la impunidad. Es también que los inocentes padecen cárcel y toda suerte de vejaciones y humillaciones, mientras los culpables son promovidos y recompensados y reciben todo género de apoyos.

En buena parte de las comunidades de Oaxaca persiste la idea de que las faltas –la violación de las normas comunitarias- merecen consuelo y compensación a la víctima, más que castigo. La peor de ellas, matar a otro, tiene una consecuencia clara: asumir la responsabilidad económica de la familia del muerto. Quien mató recibió compasión y consuelo, “para regresar su alma al cuerpo”, se dice. Su doble carga económica lo convierte habitualmente en buen ciudadano, reconocido por la comunidad y rehabilitado por el uso responsable de su libertad. Esta sabia y justa tradición, que resuelve conflictos sin tribunales, cárceles o abogados, tiene un aspecto que exige notable capacidad humana de regeneración: el hecho de que viudas e hijos acepten su sostén económico de quien mató a sus esposos y padres… Logran esta hazaña porque los hechos quedaron a la vista de todos y quien faltó adoptó claramente el camino de la reparación.

Las cosas son mucho más graves cuando quien está involucrado tiene responsabilidades de gobierno. Hasta la muy injusta y miope Suprema Corte ha reconocido que la fuerza pública está actuando “de manera excesiva, desproporcionada, ineficiente, improfesional e indolente”, y que “de nada sirve que se reconozcan, en leyes, en tratados, en discursos, que nuestro país admite y respeta los derechos humanos, si cuando son violados…las violaciones quedan impunes y a las víctimas no se les hace justicia”.

Foucault exploró a fondo esta cuestión. “La arbitrariedad del tirano es un ejemplo para los criminales posibles e incluso, en su ilegalidad fundamental, una licencia para el crimen. En efecto, ¿quién no podrá autorizarse a infringir las leyes, cuando el soberano, que debe promoverlas, esgrimirlas y aplicarlas, se atribuye la posibilidad de tergiversarlas, suspenderlas o, como mínimo, no aplicarlas a sí mismo? Por consiguiente, cuanto más despótico sea el poder, más numerosos serán los criminales. El poder fuerte de un tirano no hace desaparecer a los malhechores; al contrario, los multiplica.”

Se trata de algo peor aún. Hay un momento, piensa Foucault (Los anormales, FCE, 2006, pp.94-5), en que los papeles se invierten. “Un criminal es quien rompe el pacto, quien lo rompe de vez en cuando, cuando lo necesita o lo desea, cuando su interés lo impone, cuando en un momento de violencia o ceguera hace prevalecer la razón de su interés, a pesar del cálculo más elemental de la razón. Déspota transitorio, déspota por deslumbramiento, déspota por enceguecimiento, por fantasía, por furor, poco importa. A diferencia del criminal, el déspota exalta el predominio de su interés y su voluntad; y lo hace de manera permanente… El déspota puede imponer su voluntad a todo el cuerpo social por medio de un estado de violencia permanente. Es, por lo tanto, quien ejerce permanentemente…y exalta en forma criminal su interés. Es el fuera de la ley permanente.”

Foucault labra así, cuidadosamente, el perfil del monstruo jurídico, “el primer monstruo identificado y calificado”, que “no es el asesino, no es el violador, no es quien rompe las leyes de la naturaleza; es quien quiebra el pacto social fundamental”. De este gran modelo que identifica Foucault a fines del siglo XVIII “se derivarán históricamente, por medio de toda una serie de desplazamientos y transformaciones sucesivas, los innumerables pequeños monstruos” que pueblan el mundo desde entonces.

Vivimos bajo el agobio de estos monstruos. Creímos habernos librado de ellos al deshacernos de los colonizadores. Pero se multiplicaron en el México formalmente independiente y de nada sirvió prescindir de la mafia política que gobernó el país de 1928 a 2000: sus sucesores aprendieron de ella y profundizan sus vicios. Como señala Foucault, la arbitrariedad de nuestros tiranos se ha convertido en licencia para el crimen.

Oaxaca, que a veces opera como antena sensible de lo que pasa en el país entero y paga el precio de experimentar nuevos caminos de transformación, se ha estado encaminando al despeñadero. La sociedad se encuentra cada vez más polarizada y los enconos crecientemente violentos empiezan a tomar la forma de guerra civil, continuamente estimulada desde el poder.

No podemos soñar en que empiece el lento, dificultoso, agobiante, empeño de regeneración para reparar el dañado tejido social mientras no seamos capaces de abrir a la mirada pública todo lo ocurrido y asumamos con entereza sus consecuencias.

Aparte de los despojos de 500 años, que aún merecen esclarecimiento, tenemos heridas recientes que traemos en la piel. Está el horror, por citar un ejemplo destacado, de lo que hizo en Loxicha la estrategia contrainsurgente adoptada supuestamente contra el EPR. Tenemos la corrupta arbitrariedad del gobernador Murat, con quien creímos tocar fondo: es imprescindible dar a conocer con precisión sus saqueos y sus crímenes…

La gestión de Ulises Ruiz es sin duda la que requiere un esfuerzo mayor. Lo que ocurrió con él no tiene precedente. Deshacernos de su mafia política en las urnas, porque no logramos hacerlo en las calles, muestra las limitaciones del procedimiento: no está en nuestras manos, en las manos de los agraviados, acotar el camino de la reparación y transitarlo con serenidad y buen juicio – para que todos tengamos a la vista una versión fiel de lo ocurrido y podamos empezar a desenredar los hilos de la madeja.

Un paso en esa dirección, que ilustra lo que hace falta hacer, se dio en junio 20 de 2010, cuando se organizó públicamente un juicio político popular que constituyó un ejercicio excepcional de imaginación política y voluntad cívica. Quienes constituyeron el tribunal, procedentes de muy diversos sectores de la sociedad oaxaqueña, particularmente de las comunidades indígenas, señalaron con claridad que no pretendían representar a los pueblos oaxaqueños ni usurpar funciones de nadie, pero aspiraban a hacerse expresión de amplias convicciones de muchísimas personas, que constataron con preocupación creciente la destrucción sistemática del estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones de gobierno. Señalaron que el poder ejecutivo era ya ocasión de enriquecimiento ilícito y uso arbitrario del poder y que el congreso local era una dependencia menor del ejecutivo, a cuyo servicio estaba también el poder judicial y su simulacro de tribunales. Advirtieron que los funcionarios elegidos y designados habían desertado de sus funciones y que cundía por todo el estado un vacío de poder legítimo, mientras se multiplicaban los poderes fácticos, el terrorismo de estado y el uso de grupos paramilitares para reprimir a los movimientos sociales. Todas esas condiciones continuaron e incluso se agravaron en los últimos meses de la gestión de Ulises Ruiz, cuyo grupo fue derrotado en las elecciones que tuvieron lugar quince días después del juicio político popular.

La sentencia que dictaron los jueces ese día, tras oír muy diversos testimonios, puede ser vista como una agenda de recuperación de la memoria que hoy necesita el pueblo oaxaqueño.

Ante la abrumadora evidencia de los crímenes y corruptelas de Ulises Ruiz, aquí simbólicamente presentada, lo condenamos:

  • A padecer para siempre la ignominia de haber pasado a la historia como el peor gobernador de la historia de Oaxaca;

  • A prestar servicio comunitario por lo que le quede de vida, para que en la conclusión de su actividad política se acerque al fin a los pueblos que pretendió gobernar;

  • A devolver al pueblo oaxaqueño todos los bienes que él y sus familiares y amigos acumularon mediante el saqueo de las arcas públicas;

  • A pedir públicamente perdón por todos los asesinatos, represiones y encarcelamientos ilegales e injustos que ordenó desde su primer día de gobierno;

  • A reconocer por escrito, ante los pueblos oaxaqueños, las innumerables violaciones de la ley en todos los ejercicios electorales que han tenido lugar durante su gobierno, empezando por el que lo hizo ilegítimamente gobernador mediante un fraude comprobado;

  • A sufrir todas las consecuencias legales e institucionales de los actos delictuosos que hasta la Suprema Corte ha reconocido y todos los pueblos de Oaxaca conocen.”

San Pablo Etla, octubre de 2010

Gustavo Esteva

Escritor independiente y activista social. Universidad de la Tierra en Oaxaca y Centro de Encuentros y Diálogos Interculturales. gustavoesteva@gmail.com


Resistencia

1 de enero de 1994, Levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en Chiapas, México; Primera Declaración de la Selva Lacandona;

1 de enero de 1995, Tercera Declaración de la Selva Lacandona del EZLN;

1 de enero de 1996, Cuarta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN;

1 de enero de 2006, El Delegado Zero sale de la Selva para iniciar un recorrido en todo el Estado de México, como arranque de “La Otra Campaña”;

5 de enero de 2006: Creación de La Voz Del Amate. Grupo de presos que manifiestan estar injustamente detenidos;

Del 4 al 8 de enero de1996: Foro Nacional Indígena convocado por el EZLN, donde se acuerda formar el Congreso Nacional Indígena (CNI);

16 de febrero de 1996 en San Andrés Sakamch’en de los Pobres se firmaron los Acuerdos de San Andrés, resultados del diálogo sobre el tema de Derechos y Cultura Indígena (Mesa 1);

16 de febrero de 1997, Más de 10,000 indígenas zapatistas marchan en SCLC para exigir el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés;

7 de marzo de 1992, Gran Marcha de la organización Xi´Nich, en la que participan los tseltales y choles de la zona Norte, hacia la capital del país, protestando contra la represión, corrupción de las autoridades y reformas al artículo 27 de la Constitución

24 de marzo de 2001, el Subcomandante Insurgente Marcos, acompañado de 23 comandantes, sale de 5 puntos de Chiapas con destino a la Ciudad de México. 20,000 personas reciben a la caravana en San Cristóbal de Las Casas.

Impunidad

18 de enero de 1999, Sabanilla, desaparición forzada de Antonio González Méndez por paramilitares de Paz y Justicia;

20 de enero de 2005 Sabanilla. Asesinato de Mateo Torres Pérez;

22 de enero de 1997: Paraíso, Sabanilla. Desaparición forzada de Roberto Torres Pérez por elementos de la Policía de Seguridad Pública (PSP);

3 de febrero de 1998: Finca Nueva Revolución, Tila. Asesinatos de Mateo Torres Pérez y Francisco Torres Torres por paramilitares de Paz y Justicia;

20 de febrero de 1995, ejido La Grandeza, Altamirano, ejecución de Gilberto Jiménez Hernández por parte del militar Abner García Torres, del 17º Batallón de Infantería del Agrupamiento “Yabur”. En el momento de su ejecución, Gilberto se encontraba huyendo hacia las montañas junto con otras personas de la comunidad, cargando en la espalda a su hija Margarita de 5 años;

21 de febrero de 1998: tramo del camino entre Misopá Chinal y Emiliano Zapata, Tila. Asesinato de José Tila López García por paramilitares de Paz y Justicia;

2 de marzo de 2002, Tapilula: Asesinato de Enrique García Chavarría por elementos de la Policía Municipal de Tapilula;

4 de marzo de 1995, Emiliano Zapata, Tumbalá. Asesinato de Pascual Sánchez Solís por el presidente municipal del PRI, Jesús Celis Guillén;

14 de marzo de 1995: Masacre en Teoquipá El Bascán, Lote 8, Salto de Agua. Asesinato de: Juan Méndez Torres, Pedro Méndez Torres, Pedro Méndez Arcos, Jorge Alfonso Arcos Álvaro por paramilitares de Paz y Justicia;

14 de marzo de 1997: Masacre en San Pedro Nixtalucum, El Bosque. Asesinato de cuatro indígenas Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) y Desplazamiento forzado de 80 familias por elementos de la PSP y el EM;

18 de marzo de 1997: 1997: Masacre en San Pedro Nixtalucum, El Bosque. Asesinato de cuatro indígenas Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) y Desplazamiento forzado de 80 familias por elementos de la PSP y el EM

21 de marzo de 1995: 1995: Emiliano Zapata, Tila. Asesinato, de Domingo Montejo Álvaro por paramilitares de PyJ;

22 de marzo de 1995: Asesinato de Nicolás Pérez Ramírez, priísta y líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC);

24 de marzo de 1995, El Canutillo, Tila. Asesinato de Nicolás Pérez Ramírez;

Emiliano Zapata: Asesinato de Juan López Jiménez, Sebastián Arcos Montejo, Sebastián Peñate Díaz; Desaparición forzada de María López Méndez:

Para mayor información comunicarse:

Pedro Faro

pfaro@frayba.org.mx

Michele Di Spigno

mdispigno@frayba.org.mx

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La memoria histórica como evocación de resistencia de los Pueblos

La memoria histórica como evocación de resistencia de los Pueblos

En el caminar vamos aprendiendo a generar nuevas esperanzas que permiten ir trazando el horizonte sin olvido; reconocemos la sangre derramada de los que han luchado y luchan, ésta fluye en nuestro cuerpo colectivo, son la fuerza que nos impulsa a tender puentes de resistencia, de vernos cara a cara con nuestro rostro más claro, transparente desde el dolor y la alegría, rompiendo así el calendario de la infamia, para constituir un nuevo calendario. Tiempo de los Pueblos, con sus actos valerosos.

Masojá Suchjá

En la pasión de la resistencia el 29 de septiembre de 2010, en Masojá Suchjá, Tila, se realizó el encuentro anual para: conmemorar junto con las mujeres, hombres, niñas y niños de comunidades de la zona baja de Tila; quemar candela e incienso y ofrecerlo a las personas que fueron ejecutadas y desaparecidas en los años de terror y guerra implementada por los gobiernos federal y del estado de Chiapas, en complicidad con paramilitares de la organización Desarrollo Paz y Justicia (Paz y Justicia) que recibían apoyo y protección de manera directa del Ejército mexicano y de la Policía de Seguridad Pública.

En esta conmemoración se intercambiaron energías, se renovaron lazos de solidaridad y lucha, se reforzaron los símbolos de resistencia a través de los rituales que descifran el pasado y vislumbran claves para el futuro, el pasar del tiempo que trae consigo la recuperación de la propia identidad, del propio sentirse como pueblo. Momentos que crean las condiciones para la construcción entre todas y todos de una sociedad incluyente de participación activa. La memoria para despertar, contra la impunidad y el no olvido, para el ejercicio de la justicia.

Dentro de la conmemoración se recordaron entre otros a Rogelio Jiménez López, quien el 4 de septiembre de 1995, había tomado la decisión de ir a Nuevo Limar, Tila, para cargar una batería, cuando en el camino de regreso, a un kilometro y medio del ejido Usipá, fue emboscado y asesinado con cuatro disparos de arma de fuego, por integrantes de Paz y Justicia. Después del crimen, fue abandonado en el suelo con una escopeta entre los brazos y en el rostro un pasamontaña.

El mismo día, 300 personas armadas integrantes de Paz y Justicia, quienes llevaban uniforme azul, acompañadas por elementos de la Policía de Seguridad Publica, irrumpieron en el ejido Usipá, quemaron las casas, mataron los animales, saquearon las tiendas, amenazaron de muerte a las personas con la acusación de ser zapatistas. Ese mismo día fueron asesinados los señores Pascual López Torres, Antonio López López y Nicolás López Ramírez y se desplazaron forzadamente 95 familias.

Los Pueblos no olvidan y siguen recordando a su hermano, hermana, hijo, hija… que fueron asesinadas, desaparecidas, despojadas de su terruño, esto ocurrido bajo un Plan de Campaña Chiapas 94’.

Sembrando Semilla de Memoria y Justicia, Cosechamos la Paz

Del 12 al 14 de noviembre de 2010, en Huehuetenango, Guatemala, se realizó el encuentro “Sembrando Semilla de Memoria y Justicia, Cosechamos la Paz”, con la participación de integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas, sobrevivientes de la Masacre de Acteal, sobrevivientes de las muertes y desapariciones forzadas en la zona Norte de Chiapas, sobrevivientes de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Guatemala, El Salvador, Perú. Intercambiaron historias y formas de lucha, los participantes hablaron de asesinatos, genocidios, entre otros horrores de la crueldad de los gobiernos. Mediante imágenes e historias dijeron: “fueron tan crueles las masacres que hasta los ángeles de Dios, se espantaron”, “La historia lo escriben los vencidos y ellos tienen ¡la última palabra!”, “Levantemos el espíritu de la organización, sólo así podemos levantar el Pueblo Maya”, “Construyendo La Otra Justicia desde abajo y con dignidad… Caminando hacia la autonomía”, entre otras palabras. Y compartieron que la memoria es el antídoto contra la bestia del olvido, la memoria permanece, la memoria vive en el corazón del pueblo y seguirá siendo herramienta de lucha para la verdad, justicia, un otro mundo posible.

Tejiendo resistencia y autonomía frente a la contrainsurgencia y la dependencia

En Acteal, Chiapas, el 21 de diciembre de 2010, en ocasión del XIII aniversario de la Masacre de Acteal, se realizó el encuentro “Tejiendo resistencia y autonomía frente a la contrainsurgencia y la dependencia” donde se habló de: la libertad de cada pueblo de tomar decisiones; la capacidad de tejer alianzas, palabras y luchas desde abajo; no depender de ayudas provenientes del gobierno; gozar de los frutos de la madre tierra; una justicia que “no daña ni castiga, sino que recupera y restaura”; fortalecer “identidad personal y colectiva, escuchando la sabiduría de los abuelos, analizar lo nuevo”, aceptando los que les beneficia y rechazando lo que puede destruirlos; trabajar por la unidad y tejer alianzas entre diferentes pueblos, organizaciones y luchas; “crear y aprovechar espacios alternativos de información y comunicación; compartir experiencias, información y análisis; mantener la crítica, la creatividad y la rebeldía.

Admisión del caso Acteal por la CIDH

A seis años de haber presentado la petición sobre la Masacre de Acteal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este organismo internacional admitió públicamente el caso mediante el “Informe No. 146/10, Petición 212-05 Masacre de Acteal”, con lo que hará un estudio de fondo sobre la responsabilidad por acción y omisión del Estado mexicano por los hechos ocurridos el 22 de diciembre de 1997. Con esta decisión se reconocen los argumentos presentados por los peticionarios, la Sociedad Civil Las Abejas y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, quienes hemos insistido en señalar las violaciones a los derechos a la vida, a la integridad física y psicológica, garantías y protección judicial de las personas víctimas de la masacre en el contexto de la política contrainsurgente desatada por el Estado mexicano.

Aun cuando la CIDH dará inicio al estudio de fondo y se pronunciará sobre el caso, lamentamos, y por consiguiente evidenciamos, la falta de voluntad política del Estado mexicano de dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la CIDH, al igual que las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo ha denunciado la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, por incumplimiento en el caso Rosendo Radilla Pacheco, donde a un año de emitida la sentencia, el Estado no efectúa con la investigación sobre el paradero de la víctima y el fuero militar se mantiene intacto, lo cual perpetua la impunidad, siendo esto una gran vergüenza en los compromisos internacionales en el cual se ha comprometido el gobierno mexicano.

Aunado a la tarea de evidenciar la responsabilidad de las violaciones a los derechos humanos cometidas por parte del Estado, los sobrevivientes trabajan por preservar su memoria histórica de manera activa y mantienen la esperanza de construir autonomía.

Para mayor información:

Michele Di Spigno

mdispigno@frayba.org.mx

Pedro Faro

Pfaro@frayba.org.mx

Archivo PDF:  La memoria histórica como evocación de resistencia de los Pueblos

Video de Koman Ilel del concierto del Coro de Acteal en el marco de los 13 años de la Masacre:

 

Las muertas y los muertos de Acteal todavía viven.

En la rebeldía que nace en el misterio de las montañas.
En los ojos de los que miran los rostros de los asesinos están sus
miradas.
En el fuego de cada mañana está el llanto y el coraje.
En los brazos de las nuevas generaciones está la fuerza para construir la
justicia.
Con el trabajo diario se va a lograr levantar una torre para vigilar a los que
tienen la muerte en sus manos.
Con la palabra verdadera se va a descubrir la mentira.
Con la organización va a ser posible poner frente a la dignidad de los
pueblos la arrogancia de los que destruyen los caminos de libertad.
Así está escrito y así será.

Jorge Santiago S.
San Cristóbal de Las Casas a 20 de octubre de 2010