Monitoreo Criminalización

Aquí encontraras el monitoreo y el análisis sobre temas de defensores/as de derechos humanos, libertad de expresión y leyes que el estado mexicano impulsa y que son violatorias al derecho internacional.

Los seis años más peligros para los derechos humanos y la libertad de expresión en México.

Primera Entrega de dos, lo Nacional:

Durante este sexenio que finaliza, hemos visto como los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN); el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) desde los puestos en el Gobierno han violentado los derechos humanos de los mexicanos/as, y no sólo eso, sino que han provocado que en México exista una Guerra Interna en donde grupos del poder del Estado y podres fácticos se disputan el territorio, el poder político y los negocios.

En la supuesta democracia en la que vivimos, los/las defensores de derechos humanos y los/las periodistas se han evocado a denunciar las violaciones sistemáticas que el Estado mexicano ha realizado en contra de la población y a las/los defensores de derechos humanos que alzan su voz en contra de políticas publicas que atentan en contra la sociedad en su conjunto. Por eso mismo, los periodistas han sufrido las consecuencias por evidenciar las relaciones del Estado con los poderes fácticos, relaciones de poder que han generado esta Guerra Interna que ha dejado al país en un luto nacional.

Defensoras y defensores de derechos humanos

Por una parte el Informe de violaciones a los derechos humanos en México 2011., realizado por el Comité Cerezo, en donde señalan que “en lo que va del sexenio de Felipe Calderón (hasta mayo de 2012) 970 defensores de derechos humanos y/o luchadores sociales han sido detenidos por motivos políticos, 64 han desaparecido y alrededor de 70 han sido ejecutados extrajudicialmente, (…) De enero de 2011 a mayo de 2012 han ocurrido 158 detenciones por motivos políticos, en quince estados del país: encabezan la lista Chiapas (37), Oaxaca (22) y Estado de México (21).”

El Informe también da a conocer que “de enero 2011 a mayo 2012 hubo 29 ejecuciones extrajudiciales de luchadores sociales, que son justificadas e invisibilizadas como muertes producto de la lucha entre los cárteles de la droga por el territorio. Sin embargo, estos crímenes son perpetrados por fuerzas estatales y motivadas por la defensa de los derechos humanos que realizaban las víctimas.”

Según datos del Programa de Atención de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al 17 de Noviembre de 2010 dicho organismo inició 38 expedientes de queja para investigar probables hechos violatorios a derechos humanos en perjuicio de defensores, de los cuales seis expedientes se abrieron de oficio .1

Esta situación se da gracias a un clima de impunidad que es, lamentablemente, el mejor incentivo para que prevalezcan y se reproduzcan las amenazas, los actos de hostigamiento y otras agresiones en contra de las y los defensores de derechos humanos, con el riesgo de que escalen en número y gravedad.

Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Segundo Informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas, con respecto a México informa que los ataques provendrían de actores no estatales pertenecientes al crimen organizado, así como a sectores opositores a las causas lideradas por las defensoras y defensores, sin que las autoridades impidan los ataques, y por el contrario, de acuerdo a la información recibida, habría ocasiones en que éstas solicitarían al crimen organizado realizar el “trabajo sucio”como método para eludir su responsabilidad.

La CIDH ha observado que, en particular, las defensoras y defensores del derecho al medio ambiente, líderes y lideresas indígenas y las defensoras de derechos de las mujeres han sido objeto de ataques en contra de su vida.”

En el informe de actualización, la La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – México (ACNUDH – México) señaló que “se habrían sumado 37 agresiones en el período de septiembre de 2009 a octubre de 2010 ascendiendo los actos de privación arbitraria de la vida al 13% del total de las agresiones. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos durante enero de 2005 a mayo 2011 documentó 27 casos en los que se denunciaron privaciones de la vida en perjuicio de defensores. Organizaciones de la sociedad civil han denunciado que entre 2006 y 2010 en México se habrían asesinado alrededor de 61 defensores y desaparecido por lo menos a 467.

De acuerdo a la OACNUDH los estados en donde se han cometido mayores agresiones son Chihuahua; Chiapas; Oaxaca y Guerrero. En algunas zonas de estos estados donde más se cometerían agresiones contra defensores y defensoras, como en Ciudad Juárez, existe una alta presencia de fuerzas armadas como parte de la estrategia del gobierno para hacer frente a organizaciones del crimen organizado.

Libertad de expresión

La situación para los periodistas e informadores en este sexenio no ha sido mejor, ya que de acuerdo con el trabajo de registro y documentación realizado por Article 19, “en los últimos tres años hay registro de 565 agresiones contra periodistas, medios y trabajadores de la prensa. A detalle, de 2009 a 2011 fue posible documentar 55 violaciones graves; esto representa prácticamente una de cada diez agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación.”

Para Article 19, “Los estados donde mayor número de agresiones se atribuye a funcionarios públicos son Chihuahua (47 casos), Veracruz (33), Oaxaca (25), Chiapas (19) y el DF (17). Más aún, hay que agregar que en Chihuahua cuatro de cada cinco agresiones contra la prensa son atribuidas a funcionarios públicos, mientras que en Veracruz se les hace directamente responsables de uno de cada dos incidentes. Cuando se desagregan las cifras a nivel nacional se advierte que en su mayoría, los responsables han sido elementos de Policía Estatal (77 incidentes), Policía Federal (36), Policía Municipal (37) y Fuerzas armadas (41). Es decir, que las fuerzas de seguridad son las responsables de la mitad de las agresiones que provienen de funcionarios del Estado, y que del total de las agresiones de 2009 a 2011 uno de cada tres abusos fue responsabilidad de las fuerzas encargadas de guardar el orden.”

La delincuencia organizada aparece en el segundo sitio entre los principales responsables de ataques contra periodistas y medios en tanto que una de cada siete agresiones proviene de ella. A sus integrantes se atribuyen también las principales violaciones graves: 24 ataques con armas de fuego o explosivos en contra de medios de comunicación (de los cuales 75% se concentra en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas); 12 de los 27 asesinatos a periodistas y colaboradores de medios, y dos de los cuatro casos de desaparición. En resumen, siete de cada 10 agresiones graves provienen de la delincuencia organizada.

La situación grave de nuestro país lo expone de forma muy clara las conclusiones del Informe del Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank La Rue, “Aunque el actual problema de la violencia en México afecta a todos los sectores de la población, las agresiones contra periodistas y comunicadores sociales tienen efectos multiplicadores que impactan a los demás miembros de la profesión; generan zozobra y autocensura; privan al conjunto de la sociedad de su derecho fundamental a la información, y desalientan la denuncia, todo lo cual incrementa la impunidad. Así también “Las presiones directas o indirectas encaminadas a silenciar la labor informativa de los periodistas son incompatibles con la libertad de expresión de acuerdo con el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.” 2

En este sexenio el Estado mexicano sea por acción propia, en contubernio con la delincuencia organizada o por omisión ha contribuido a generar una Guerra Interna en donde la mayoría de la población se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Pero son los defensores de derechos humanos y los periodistas, lo que más han recibido las agresiones por parte del mismo Estado, que ha encontrado conveniente en su “lucha contra la delincuencia organizada” para acallar, amenazar, hostigar, encarcelar e incluso asesinar a quienes denuncian sobre sus políticas públicas.

1INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO ; Actualización 2010; Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

2A/HRC/17/27/Add.3 , Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue , Misión México.

Más información

gmatus@frayba.org.mx

Derechos humanos, fuerzas armadas y gobierno federal

México: “Callar al silencio es tarea de todos”

Informe de violaciones a los derechos humanos en México. Las víctimas del proceso de configuración de un Estado terrorista

[issuu width=420 height=272 backgroundColor=%23222222 documentId=120829061420-fd1f62459bf9439484503dd7877736f8 name=informe_2012 username=comitecerezo tag=comite%20cerezo unit=px v=2]

 

 

Acceso a la justicia, criminalización de la sociedad civil.

El Estado mexicano en su equivocada estrategia de “combate a la delincuencia” ha generado un contexto de guerra interna preocupante, no sólo para las organizaciones internacionales de derechos humanos, que consideran a nuestro país como uno de los más peligrosos para ejercer los derechos humanos y el periodismo, sino para la sociedad en general que vive atemorizada por ser víctima directa de la violencia del Estado, que se ha traducido en 70 mil muertos asesinados, que en el transcurso de este sexenio no han encontrado justicia, no han aparecido o no han recibido respuesta por parte de quienes representan los tres niveles de gobierno.

Los movimientos sociales con viejas demandas; los presos políticos de organizaciones sociales o revolucionarias; la falta de justicia a los pueblos, comunidades y familias; los feminicidios, han sido invisibilizados, por los miles de víctimas de la guerra de Felipe Calderón.

El gobierno federal insiste en darle legitimidad a su estrategia de guerra con la reforma a la ley de seguridad nacional, con lo cual permitiría que las acciones del Estado estarían justificadas por tener un marco legal que apoya a la guerra interna. Con esto el primer mandatario tendría la facultad de establecer un “estado de afectación” en todo el país.

Esto cambia los planos de las personas que venimos defendiendo y ejerciendo los derechos humanos, de las organizaciones de víctimas que, con miedo comienzan a buscar la forma de acceder a la justicia, como es el caso del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJyD), las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, entre otras, que han obligado al Estado a dar respuesta a esta situación a través de la creación de leyes, reformas y mecanismos de protección que son un ejercicio de buenas intenciones para el Estado mexicano y que no se ejercen o no se pueden ejercer en medio de este contexto de guerra.

Por otra parte muchas organizaciones y comunidades que ejercen y exigen sus derechos se han visto rebasadas dentro de este contexto de guerra, en donde el Estado ha aprovechado esta confusión para no garantizar la vida de decenas de defensoras, defensores de derechos humanos y periodistas.

Al cierre de este corte en el Estado han asesinadas más de 13 personas quienes ejercían la actividad de periodistas y por lo menos, se han registrado agresiones al menos a 62 defensoras y defensores de derechos humanos, entre ellos están los asesinatos de Trinidad de la Cruz Crisóstomos, Nepomuceno Moreno Nuñez, Pedro Leyva Domínguez integrantes del MPJyD, el ataque a Norma Esther Andrade de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, el asesinato de Aurelio César Pacheco, “Don Polito”, promotor de agricultura sostenible del Equipo Mujeres en Acción Solidaria (EMAS AC) y defensor de la tierra y el bosque en Michoacán, las constantes amenazas en que viven las y los campesinos de la Organización de Mujeres Ecologista de la Sierra de Petatlan (OMESP) y de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), así como las amenazas de muerte a Vidulfo Rosales Sierra abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, en Guerrero.

En Chiapas las acciones del Gobierno del Estado para afianzar su estrategia de invisibilizar las violaciones a los derechos humanos; la guerra contra las comunidades en resistencia y a la criminalización del ejercicio de los derechos, han colaborado instancias intergubernamentales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que ha servido como intermediario y emisario del gobierno estatal para los temas de “conflictos en localidades internamente divididas”; ”Ley de Migraciones”; “cambio de actitudes y prácticas para la promoción de la calidad de vida en la Sierra Madre de Chiapas”; “desplazamiento interno”, acciones que han avalado actividades de gobiernos que, si bien son de puras intenciones, no están debidamente consultadas o no contribuyen al proceso de paz, invisibilizando las causas reales de las problemáticas del Estado.

Por otro lado Consejo Estatal de Derechos Humanos (CEDH), creado como un organismo gubernamental que se dedica a maquillar las acciones de violaciones a los derechos que el gobierno de Chiapas provoca, simulando un estado lleno de iniciativas, buenas intenciones, que con mucha publicidad ha logrado que Chiapas se considere un “ejemplo” de cumplimiento con los derechos humanos, pero, en realidad, deja a un lado la criminalización contra las organizaciones sociales y campesinas, los feminicidios, así como la censura en los medios y a los y las periodistas, abonando así con la impunidad y el olvido.

Por otro lado, la crisis de la situación carcelaria en Chiapas ha sido denunciada constantemente por los internos todas las cárceles de Chiapas, como por ejemplo son las denuncias de los presos de La Voz del Amate y Solidarios de La Voz del Amate, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala – Movimiento Nacional (CNPA -MN), de la Organización Proletaria Emiliano Zapata – Movimiento de Liberación Nacional (OPEZ – MLN), de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCyP), así como otros presos sin organización quienes han realizado huelgas de hambre y jornadas de ayuno en diferentes cárceles de Chiapas, denunciando las condiciones de mala alimentación, falta de atención médica, malos tratos, extorsiones, tortura, así como violaciones a los derechos humanos a sus familias por parte del personal penitenciario.

El ejemplo más claro, es el traslado del Profesor tsotsil Alberto Patishtán Gómez, defensor de los derechos de las personas privadas de su libertad, quien a solicitud del gobierno de Chiapas fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social No. 8 en Guasave, Sinaloa, en donde se encuentra recluido hasta el momento.

 A pesar que, desde principio del 2011, el Frayba presentó su informe sobre las violaciones a los derechos humanos en el sistema carcelario en Chiapas, el gobierno no ha hecho lo suficiente para atender las demandas y garantizar los derechos de las personas privadas de su libertad, a pesar que ésta es su responsabilidad exclusiva ya que las personas se encuentran bajo su custodia.

 En Chiapas, el gobierno continúa en una política de doble fondo, por un lado a nivel nacional e internacional muestra sus buenas intenciones con el respeto a los derechos humanos, y sus políticas de desarrollo asistencialista; y por otro lado, las violaciones a los derechos de los pueblos originarios a su tierra y territorio; a un control y censura en los medios de comunicación, la persecución y descrédito a organizaciones de derechos humanos y periodistas, el uso de las instituciones judiciales y sus corporaciones policiacas como elementos de control social, la falta de un acceso a la justicia, la crisis en el sistema penitenciario, los alarmantes casos de tortura como método de investigación, al claro aumento de los feminicidios y la impunidad.

Si bien ahora Chiapas no está en el mismo nivel de guerra que el resto del país, eso no quiere decir que se garantizan, respetan, protegen y promueven los derechos humanos. Es importante señalar que las reformas, la legislación e iniciativas son buenas intenciones que no se traducen a un ejercicio y goce de los derechos humanos.

 ¡Libertad a Alberto Patishtán y Francisco Santiz!

 Para mayor información sobre este tema escribir a:

 Gubidcha Matus

gmatus@frayba.org.mx

Agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos

El primer cuatrimestre del 2011, en Chiapas se presentaron eventos que principalmente se enmarcaron en el uso del sistema de procuración y administración de justicia para hostigar a defensores de derechos humanos y/o para generar un clima de impunidad.

 El 22 de febrero de 2011, integrantes de este Centro de Derechos Humanos y del Consejo de Vigilancia del ejido Tila, fueron objeto de intimidaciones y vigilancia por parte de autoridades del Ayuntamiento Municipal de Tila, entre ella la presidenta municipal Sandra Luz Cruz Espinoza. El hecho se registró en la Ciudad de México, al salir de una audiencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde al siguiente día habría una audiencia pública por la expropiación inconstitucional de 130 hectáreas del territorio indígena.

 Ese mismo día, en el municipio de Pijijiapan, Chiapas, fueron detenidos los defensores de derechos humanos: José María Martínez Cruz, Eduardo Alonso Martínez Silva y Nataniel Hernández Nuñez, integrantes del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC (CDH Digna Ochoa), con sede en Tonalá, Chiapas. Los defensores se encontraban en el municipio de Pijijipan, Chiapas realizando actividades de observación y documentación de posibles violaciones a los derechos humanos que podrían cometerse por parte de las autoridades estatales mientras se realizaba un bloqueo carretero en el tramo Tonalá – Pijijiapan, en el punto conocido como La Pilita. El bloqueo fue organizado por el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, donde participaban personas de al menos cinco comunidades de esa región, en el marco de acciones de protesta que han venido realizando organizaciones civiles, comunidades indígenas y campesinas para pedir la liberación de los adherentes a La Otra Campaña (LOC) del ejido San Sebastián Bachajón, Chiapas, que se encuentran detenidos en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 17, en Playas de Catazajá, Chiapas. Los tres defensores detenidos fueron llevados al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 14, El Amate (CERSS No. 14, El Amate), en el municipio de Cintalapa, Chiapas y puestos a disposición del Juzgado Primero Penal bajo el expediente 34/201. El juez de la causa a últimas horas les retiró el delito de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad del Estado, dejándoles el delito de motín. Fueron liberados días después bajo reservas de ley.

 El hostigamiento judicial a las y los integrantes del CDH Digna Ochoa, ha sido constante en este cuatrimestre, ya que el 15 de marzo, en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, fue detenido, por elementos de la Procuraduría General de la República, el Director del CDH Digna Ochoa Nataniel Hernández Núñez (en Adelante Nataniel), quien fue ingresado en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No 3 en Tapachula (CERSS No. 3) en donde le informaron que estaba acusado del delito de ataques a las vías de comunicación por una denuncia interpuesta por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por los hechos ocurridos el 22 de febrero de 2011, bajo el expediente penal 33/2011 en el Juzgado Tercero de Distrito de la ciudad de Tapachula. Junto con él están acusados nuevamente Eduardo Alonso Martínez Silva y José María Martínez Cruz. Nataniel fue liberado bajo caución el día 16 de marzo. El 18 de marzo del año en curso, el Juez de la causa penal José Luis Zaya Roldán, decretó el auto de formal prisión contra el mismo Nataniel, por lo que seguirá el proceso en libertad bajo caución, yendo a firmar cada martes ante el juzgado que lleva la causa.

 La Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha expresado que los gobiernos suelen servirse del sistema judicial como instrumento de hostilidad y castigo contra defensores de derechos humanos. A fin de disipar toda impresión de que, en su opinión, la defensa de los derechos humanos sea un acto delictivo, normalmente acusan a los defensores de los derechos humanos de delitos contra la seguridad del Estado.1

 Asimismo, se muestra alarmada por los informes recibidos acerca del clima de impunidad que impera en el país y por el uso arbitrario del sistema penal como la segunda forma más habitual de obstaculización del trabajo de las y los defensores en México.2

 Es importante señalar la ineficiencia e ineficacia de la procuración de justicia en Chiapas, dos ejemplos son: la liberación, el 31 de marzo, de los agresores de la Sra. Rosa Díaz Gómez de la comunidad de Jotolá, Chilón, adherente LOC. Rosa Díaz, cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y con la liberación de sus agresores teme por su vida e integridad física. La Coordinadora de Mujeres en Resistencia, se unió a la exigencia al reclamo de justicia por este caso.

 Así también es importante señalar que la ineficacia de la Fiscalía Especializada para la Protección de los Organismos No Gubernamentales para la Defensa de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE) y de manera concreta queremos señalar la impunidad en que se encuentran las agresiones que sufrió la defensora de derechos humanos Margarita Martínez, y que por los eventos hasta la fecha no hay un solo agresor detenido, a pesar de las medidas cautelares emitida por la CIDH

 Por lo anterior sostenemos que la PGJE es el mecanismo en donde se encubre y se justifica las acciones de violaciones a los derechos humanos de las autoridades estatales, así como un obstáculo para el trabajo de observación y documentación que realizan las y los defensores de derechos humanos en Chiapas.

 Un clima de impunidad es, lamentablemente, el mejor incentivo para que prevalezcan y se reproduzcan las amenazas, los actos de hostigamiento y otras agresiones en contra de las y los defensores de derechos humanos, con el riesgo de que escalen en número y gravedad. Por ello, resulta impostergable tomar medidas eficaces para combatir la impunidad y reparar a las víctimas.3

Libertad de expresión

El 7 de febrero de 2011, la salida del aire del noticiero Primera Edición conducido por la periodista Carmen Aristegui, trascendió del ámbito nacional, ya que según la empresa MVS Noticias, la comunicadora transgredió el código de ética de la empresa, por lo que se decidió dar por terminada la relación laboral que se tenía con ella”. El día 4 de ese mes en su noticiero había preguntado al aire, refiriéndose al Presidente de México: ¿Tiene o no Felipe Calderón problemas de alcoholismo? Esto merece, insisto, una respuesta seria, formal y oficial de la propia Presidencia de la República. Tras una ola de protestas de radioescuchas en México y de organizaciones internacionales Carmen Aristegui fue restituida en MVS Noticias y su programa nuevamente se restableció el 21 de febrero. La periodista es conductora del programa Aristegui en CNN en Español y articulista en varios periódicos nacionales; y ha dado seguimiento a casos relevantes en materia de derechos humanos.

 Al cierre de este corte, el 15 de abril de 2011, fue expulsado a Italia el periodista Gianni Proiettis, ciudadano italiano, que radicaba en San Cristóbal de Las Casas, desde hace 18 años. Gianni es catedrático de la Universidad Autónoma de Chiapas y corresponsal del periódico Il Manifesto, dondeescribe sobre la lucha de los pueblos indígenas en resistencia, la guerra del narcotráfico, la violencia en México y críticas contra el gobierno de México. El Instituto Nacional de Migración argumentó por su expulsión: “Gianni Proiettis desempeñaba un trabajo distinto al que estaba autorizado, además de tener vencida su forma migratoria”

 Periodistas y defensores de derechos humanos son actores para la existencia misma de toda sociedad democrática, la oxigenación de la vida pública, la construcción de un Estado de Derecho y el ejercicio efectivo de los derechos humanos.4

Archivo PDF aquí

Para mayor información para este tema

comuníquese con:

jhernandez@frayba.org.mx

1 Informe a la Asamblea General de la ONU. 57 período de sesión.

2 A/HRC/16/44/Add.1 . Disponible en http://www2.ohchr.org/english/issues/defenders/index.htm

3 Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); Actualización 2010 del Informe sobre la Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos en México. Disponible en http://www.hchr.org.mx/.

4 OACNUDH, Protección para periodistas y defensores de Derechos Humanos, disponible en: http://www.hchr.org.mx/.

Defensa de los derechos humanos

Porque al Estado mexicano hace rato que la vida de las mujeres no le importa, entonces seremos nosotras las que digamos, hasta la muerte, que sí valemos, que nuestras hijas merecen un país seguro. Yo sé quién es el asesino y no voy a quedarme callada”.

Marisela Escobedo

El último cuatrimestre del 2010, fue un periodo preocupante para la labor que realizamos las y los defensores de derechos humanos en México, el asesinato de la defensora de derechos humanos, Marisela Escobedo, el 16 de diciembre frente al palacio de gobierno de Chihuahua, puso en evidencia un sistema de justicia que le apuesta a la impunidad. Marisela luchó hasta el final para que el asesinato de su hija Rubí no quedara en la impunidad. Esta es la realidad en que la que nos enfrentamos las y los defensores de derechos humanos para ejercer nuestra labor.

 

 

El 1 de septiembre, en el municipio de Ocosingo Manuel Hernández Pérez, promotor de derechos humanos del Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de La Nada, AC (CDH Fray Pedro), fue agredido física y verbalmente por personas que están en contra de su trabajo. El CDH Fray Pedro tiene una clara opción por los procesos indígenas en Chiapas, trabajando con indígenas tseltales, tsotsiles y tojolabales de los municipios de Ocosingo y Altamirano. Las y los promotores del CDH Fray Pedro han manifestado ser objeto de vigilancia.

El 14 de octubre, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, tres personas, quienes indicaron ser de la Comisión Federal de Electricidad, en actitud intimidante y con amenazas intentaron ingresar a las instalaciones del Centro Indígena de Capacitación Integral Fray Bartolomé de Las Casas AC – Universidad de la Tierra Chiapas (Cideci – Unitierra Chiapas), con el argumento de entregar un documento judicial al coordinador de la organización

El 24 de noviembre, en San Cristóbal de Las Casas y a pesar de contar con medidas cautelares (MC 52/10) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la defensora de derechos humanos Margarita Martínez fue víctima de hostigamiento y amenazas de muerte, y a través de ella, los perpetradores enviaron un escrito con amenazas dirigidas a las y los integrantes del Frayba. Estos hechos ponen en evidencia que el Estado mexicano no está cumpliendo con las medicadas cautelares. Debido al riesgo evidente el Servicio Internacional para la Paz, está realizando acompañamiento internacional al Frayba.

En el mes de diciembre de 2010, en San Cristóbal de Las Casas, se registraron varios incidentes de seguridad y acciones en contra de defensores de derechos humanos, como la vigilancia a Julio César Pérez Ruiz integrante del Comité de Expresos Políticos Voces Inocentes y el allanamiento al domicilio de José Alejandro Meza Palmeros, integrante de la Red de Personal Médico y de Salud Mental para la Atención a Sobrevivientes de Tortura y colaborador externo del Frayba, ocurrido el 10 de diciembre, día internacional de los derechos humanos, sustrayendo información sobre valoraciones y peritajes realizados a sobrevivientes de tortura.

En la ciudad de Puebla, Puebla, el 20 de diciembre, fueron allanadas las oficinas del Comité de Apoyo al Trabajador (CAT – Puebla), sustraída información de casos así como pintada en una de las paredes de la oficina una leyenda de amenazas dirigida a las y los integrantes del Comité. El CAT – Puebla es una organización civil que promueve y defiende los derechos laborales en el estado de Puebla, es además integrante de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.

Las acciones para tratar de deslegitimar y descalificar el trabajo de las y los defensores de derechos humanos a través de campañas de difamación y criminalización al trabajo de la defensa de los derechos humanos, que se publican en algunos medios de prensa escrita y/o sitios electrónicos generan un ambiente de animadversión en contra de las y los defensores de derechos humanos. Durante este periodo fue evidente la acción en contra de comunicadores y radios comunitarias, así como las acciones para acallar voces disidentes. El desmantelamiento de la radio comunitaria Radio Proletaria, 107.5 FM ocurrida en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 12 de octubre, es un ejemplo de ello. Durante el operativo policiaco fue detenido un menor de edad, el cual fue liberado días después.

Durante el mes de noviembre, se registraron actos de censura y hostigamiento a varios comunicadores en Chiapas, destacando las acciones en contra de Antony Flores Mérida, Isaín Mandujano y Ángeles Mariscal, así como la detención, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el día 03 de noviembre de Héctor Anibal Bautista Flores, quien es promotor y capacitador del software libre e imparte talleres de capacitación a universitarios y periodistas. Héctor fue liberado el 12 de diciembre pasado, sin cargo alguno.

Diversos mecanismos de las Naciones Unidas han documentado y manifestado su preocupación sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México y la libertad de expresión en el país. También organizaciones internacionales de derechos humanos y de protección a las defensoras y defensores han manifestado su grave preocupación porque México se ha convertido en uno de los países más peligrosos de la región para el trabajo de la defensa de los derechos humanos, así como uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.

A esto hay que agregar la lamentable y deleznable postura del gobierno de México, que arguye que los movimientos sociales y las ONG’s son un riesgo para la estabilidad del país y haciendo caso omiso a su responsabilidad ha manifestado que los ataques a los defensores son perpetrados por el crimen organizado, tratando de evadir su responsabilidad internacional de proteger la acción de la defensa de los derechos humanos. Ante este panorama, prevemos que para el 2011, la situación para las y los defensores de derechos humanos será cada vez más peligrosa, le recordamos al Estado mexicano que la CIDH ha expresado: La defensa de los derechos humanos sólo puede ejercerse libremente cuando las personas que la realizan no son víctimas de amenazas ni de cualquier tipo de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento.

 

Conforme a la obligación de respetar y garantizar el derecho a la integridad personal, los Estados deben adoptar medidas especiales de protección de las defensoras y defensores contra los actos de violencia que regularmente son cometidos en su contra. La obligación del Estado no se limita a proporcionar medidas materiales a efectos de proteger la vida y la integridad personal, sino que conlleva la obligación de actuar sobre las causas estructurales que afectan la seguridad de las personas amenazadas. Esta obligación incluye la investigación y sanción de los responsables de hostigamientos, amenazas y ataques contra las defensoras y los defensores. La Comisión considera que en contextos de agresión y actos de hostigamiento sistemáticos una investigación eficiente y eficaz es un instrumento indispensable para asegurar la identificación y erradicación del riesgo que corren estas personas.

 

Pese a este panorama, hay signos de esperanza en los que David vence a Goliat, como: el otorgamiento del Premio Alfonso Comín 2010, al Comité Regional para la promoción y Defensa de la Vida, el cual está conformado por el Comité de Derechos Humanos Oralia Morales y el Comité de Derechos Humanos 10 de Enero por su defensa de la tierra y los recursos naturales en Chiapas; el Premio Robert F. Kennedy de Derechos Humanos concedido a Abel Barrera, fundador y director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, por su valiente defensa de los derechos de los pueblos rurales e indígenas en el estado de Guerrero; y el Premio Rafto 2010 a Mons. Raúl Vera López, Obispo de Saltillo, Coahuila, Fundador del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, AC y Copresidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC por su lucha por los derechos humanos y la justicia social en México. Es un dedicado critico contra los abusos de poder y defensor de los migrantes, los pueblos indígenas y otros grupos en desventaja dentro de la sociedad Mexicana.

Agradecemos a las defensoras y a los defensores de derechos humanos que en diferentes espacios cotidianos, de manera callada, sencilla y constante entregan su vida a la comunidad defendiendo y protegiendo los derechos humanos.

Para más información sobre este tema escriba a

jhernandez@frayba.org.mx

¡Ni una muerta más!”

Susana Chávez

Archivo PDF: Defensa de los derechos humanos

Marisela Escobedo había denunciado amenazas de muerte

http://www.youtube.com/user/Grillonautas